El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, calificó la orden emitida como una "acción arbitraria y motivada políticamente" que evidencia la disposición de Nicolás Maduro a tomar medidas extremas para aferrarse al poder tras su intento de manipular las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Este lunes, la Fiscalía de Venezuela solicitó a un juzgado especializado en delitos de terrorismo que emitiera una orden de arresto contra González Urrutia, candidato de la principal coalición opositora, acusándolo de "usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público" en relación con las actas de las elecciones presidenciales, las cuales, según la oposición, demuestran su victoria por amplia mayoría.
Miller reiteró la exigencia de que el Gobierno de Maduro presente las actas electorales en su poder, aunque señaló que no han mostrado intención de hacerlo. Por ello, Washington está "considerando diversas opciones" para dejar claro a Maduro y sus representantes que habrá consecuencias por sus acciones represivas e ilegítimas.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se expresó en términos similares, destacando que Estados Unidos ha "aplicado y ajustado" sanciones contra Venezuela en función de sus intereses generales y las acciones del gobierno de Maduro.
Miller también recordó que la confiscación del antiguo avión presidencial de Maduro es parte del compromiso de Washington para "hacer cumplir siempre las sanciones" contra el Ejecutivo venezolano. "Durante años, hemos impuesto sanciones al régimen de Maduro por sus acciones antidemocráticas, no solo en el caso de las elecciones, y seguiremos haciendo cumplir esas sanciones", subrayó Miller.