El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la cancelación definitiva del programa de parole humanitario y la revocación inmediata de los permisos de trabajo otorgados a más de 530,000 migrantes de origen cubano, haitiano, nicaragüense y venezolano.
A través de un comunicado oficial enviado por correo electrónico a los beneficiarios, el DHS indicó que todos los migrantes que ingresaron al país bajo este mecanismo deberán abandonar Estados Unidos sin demora, a menos que hayan regularizado su estatus migratorio por otra vía.
La decisión se produce tras un largo proceso legal que incluyó múltiples demandas contra la administración de Donald Trump. Finalmente, la Corte Suprema respaldó el pasado 30 de mayo la eliminación del programa, dando luz verde a su anulación total.
"Política migratoria sensata"
Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente del DHS, calificó la medida como un paso esencial para "restaurar una política migratoria sensata" y proteger la seguridad nacional y el empleo de los estadounidenses. Según McLaughlin, la administración Biden permitió la entrada de miles de inmigrantes sin verificaciones adecuadas, generando presión sobre el mercado laboral y facilitando posibles fraudes.
"Muchos funcionarios fueron obligados a implementar un programa con deficiencias, incluso después de que se detectaron casos de fraude", afirmó.
Auto-deportación con asistencia económica
Como parte del proceso, el DHS ha ofrecido a los afectados la posibilidad de acogerse a un programa de auto-deportación voluntaria a través de la aplicación móvil CBP Home, que incluye asistencia para la compra de boletos aéreos y una compensación de $1,000 dólares a quienes opten por regresar a sus países de origen por su cuenta.
¿Qué era el parole humanitario?
El programa de parole fue lanzado a finales de 2022 para venezolanos y se extendió en enero de 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Su objetivo era ofrecer una alternativa segura, ordenada y legal para migrantes de países en crisis, evitando cruces irregulares por la frontera sur.
Para ser admitidos, los solicitantes debían tener un patrocinador financiero en EE.UU., pasar controles de seguridad y salud, y llegar al país por vía aérea. Hasta diciembre de 2024, el programa permitió el ingreso legal de 531,690 personas, entre ellos 110,240 cubanos, 211,040 haitianos, 93,070 nicaragüenses y 117,330 venezolanos.
Muchos de los beneficiarios se asentaron en estados como Florida, donde construyeron nuevas vidas en busca de estabilidad y seguridad. Sin embargo, con esta nueva disposición federal, todos los que no hayan ajustado su estatus legal deberán preparar su salida del país.