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Los magistrados retiraron la orden de un tribunal inferior, la cual mantenía las protecciones concedidas bajo el permiso temporal humanitario para más de 500.000 migrantes originarios de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La decisión llega después de que la corte permitiera que el gobierno federal revoque el estatus legal temporal a unos 350.000 migrantes venezolanos en otro caso.
El máximo tribunal no explicó su razonamiento en la breve orden, según suele hacer en su lista de casos de emergencia. Dos juezas disintieron públicamente.
El gobierno presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema después de que un juez federal en Boston bloqueó el intento del gobierno de poner fin al programa. El Departamento de Justicia argumenta que las protecciones para las personas que huyen de agitación en sus países de origen siempre estuvieron destinadas a ser temporales, y el Departamento de Seguridad Nacional tiene el poder de revocarlas sin que haya interferencia judicial.
Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, indicó que las políticas del gobierno del presidente Joe Biden no eran acordes a la ley de inmigración. "Confiamos en la legalidad de nuestras acciones para proteger al pueblo estadounidense y esperamos que la Corte Suprema tome acciones adicionales para reivindicarnos", agregó.
Pero Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center —un organismo activista sin fines de lucro—, señaló que “en esencia” la decisión ha "dado luz verde" a las órdenes de deportación para medio millón de personas.
"No puedo exagerar lo devastador que es esto", agregó. La corte "le permitió al gobierno de Trump desatar un caos generalizado, no sólo para nuestros clientes y miembros de la comunidad, sino para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades".
Durante su campaña, Trump prometió deportar a millones de personas y, tras asumir el cargo, ha procurado desmantelar las políticas del gobierno de Biden que ampliaron las vías para que los migrantes vivan legalmente en Estados Unidos. En un debate presidencial de 2024, Trump respaldó los rumores falsos de que inmigrantes haitianos en Ohio —incluidos aquellos con estatus legal bajo el programa de permiso humanitario— estaban secuestrando y comiendo mascotas, según documentos judiciales.
La jueza Ketanji Brown Jackson escribió en disidencia al fallo del viernes que el efecto de éste es "hacer que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales tomen una decisión sobre los alegatos jurídicos que presentaron". La jueza Sonia Sotomayor se sumó a la disidencia.
Jackson repitió lo que escribió la jueza federal de distrito Indira Talwani en su dictamen, que poner fin a las protecciones legales antes de tiempo dejaría a las personas ante una elección drástica: huir del país o arriesgarse a perderlo todo. Talwani emitió su fallo a mediados de abril, poco antes de que se cumpliera el plazo para cancelar los permisos. Un tribunal de apelaciones se negó a sobreseerlo.
La orden de la Corte Suprema no es un fallo final, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso avanza. Ahora regresa al Tribunal Federal de Apelaciones del 1er Circuito en Boston.
Talwani, quien fue designada por el expresidente demócrata Barack Obama, sí le permitió al gobierno de Trump revocar permisos humanitarios, pero caso por caso.
Pero el gobierno de Trump argumentó que el permiso humanitario fue otorgado en masa, y la ley no requiere ponerle fin de manera individual. Abordar cada caso individualmente sería una "tarea gigantesca" y ralentizaría los empeños del gobierno para presionar por su deportación, argumentó el procurador general D. John Sauer.
A la larga, la decisión del máximo tribunal podría afectar otro fallo de Talwani esta semana a favor de otras personas amparadas por políticas de permiso humanitario, incluidos afganos, ucranianos y niños de América Central.
Biden utilizó el permiso humanitario más que cualquier otro presidente, valiéndose de una autoridad presidencial especial en vigor desde 1952.
Los beneficiarios incluyeron a las 532.000 personas que han llegado a Estados Unidos con patrocinadores financieros desde finales de 2022, dejando países de origen plagados de "inestabilidad, peligros y privaciones", según dijeron abogados de migrantes. Tuvieron que pagar sus vuelos hacia Estados Unidos y tener un patrocinador financiero con el fin de poder calificar para la designación, que dura dos años.
La decisión del gobierno de Trump fue la primera revocación masiva de permisos humanitarios, dijeron los abogados de los migrantes. Señalaron que las acciones del gobierno de Trump representaban "el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos".
El caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que el gobierno ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración.
La corte se ha pronunciado en contra de Trump en otros casos, lo cual incluyó ralentizar sus intentos para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador bajo el amparo de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
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Esta historia ha sido corregida para arreglar la ortografía del nombre de pila de la jueza Ketanji Brown Jackson.
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El periodista de The Associated Press Mark Sherman contribuyó a este despacho.
FUENTE: Associated Press
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