El problema era si los estados podían juzgar a los inmigrantes o debían dejar esa opción al gobierno federal, que en general es la autoridad en materia de inmigración.
La Corte Suprema falló por cinco votos a cuatro, con mayoría conservadora, que nada en la ley federal de inmigración impide a los estados perseguir a los inmigrantes que usan documentos y datos falsos.
La Corte Suprema de Kansas había fallado que la autoridad para determinar si un inmigrante puede trabajar en Estados Unidos es exclusiva del gobierno federal. Anuló las condenas estatales de tres inmigrantes, pero el tribunal supremo anuló a su vez ese fallo.
El hecho de que las leyes de Kansas se superponen en cierto grado con las disposiciones penales federales "no significa en absoluto" que el estado deba abstenerse de juzgar, escribió el juez Samuel Alito.
En nombre de los cuatro miembros disidentes de la Corte, el juez Stephen Breyer escribió que la ley federal "deja en claro que sólo el gobierno federal puede juzgar a personas que falsifican su estatus federal que los autoriza a trabajar".