Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITESudáfrica ordena cerrar el programa militar con Cuba, Proyecto Kgala, tras detectar gastos irregulares por USD 16,9 millones y cuestionamientos legales
El Gobierno de Sudáfrica ordenó poner fin al Proyecto Kgala, un programa de cooperación militar con Cuba que empleaba a técnicos cubanos en el mantenimiento de vehículos, aeronaves y equipos navales, después de que surgieran cuestionamientos legales y gastos irregulares por 278,6 millones de rands, equivalentes a aproximadamente 16,9 millones de dólares.
La decisión representa un nuevo revés para la cooperación militar entre Pretoria y La Habana, una relación sostenida durante décadas por los vínculos políticos entre ambos gobiernos.
Según informó el medio sudafricano News24, las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) recibieron instrucciones de descontinuar el programa, creado en enero de 2025 para sustituir otro acuerdo bilateral que también había acumulado millonarios gastos cuestionados.
El contraalmirante James Matshimane, jefe de Política, Estrategia y Planificación de las SANDF, confirmó la decisión durante una comparecencia ante el comité parlamentario encargado de supervisar el sector de Defensa.
Sin embargo, la orden de cierre no significa que todas las actividades y obligaciones contractuales hayan terminado inmediatamente.
El Proyecto Kgala comenzó en enero de 2025 como una nueva etapa de la cooperación militar entre Sudáfrica y Cuba.
Su objetivo declarado era aprovechar la experiencia de especialistas cubanos para reparar y mantener diferentes equipos de las Fuerzas Armadas sudafricanas.
El programa sustituyó al Proyecto Thusano, un mecanismo anterior que había recibido críticas por sus costos y por presuntas irregularidades administrativas.
Sin embargo, el cambio de nombre y de estructura no eliminó las objeciones legales.
De acuerdo con la información publicada por News24, el principal asesor jurídico del Estado sudafricano concluyó que el acuerdo incumplía disposiciones de contratación pública y carecía de validez jurídica.
A esas observaciones se sumaron los cuestionamientos de la Auditoría General sobre el manejo de recursos públicos.
Finalmente, las autoridades militares ordenaron descontinuar Kgala.
El acuerdo contempló el despliegue de 119 especialistas cubanos en instalaciones vinculadas a las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica.
Entre sus principales funciones se encontraban:
Reparación y mantenimiento de vehículos militares.
Asistencia técnica relacionada con equipos de aviación.
Mantenimiento de componentes navales.
Apoyo especializado y actividades de capacitación.
El programa buscaba mejorar las capacidades de mantenimiento de las Fuerzas Armadas sudafricanas mediante la participación de personal técnico procedente de Cuba.
Sin embargo, los cuestionamientos sobre el costo de los servicios y los procedimientos de contratación terminaron poniendo en duda su continuidad.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente en el material consultado qué ocurrirá con todos los técnicos cubanos desplegados ni cuál será el calendario definitivo para concluir sus actividades.
Uno de los principales motivos de controversia fue el volumen de recursos públicos asociados al Proyecto Kgala.
Según las cifras citadas por la Alianza Democrática (DA), integrante del Gobierno de Unidad Nacional de Sudáfrica, el programa acumuló 278,6 millones de rands en gastos irregulares.
Esa cantidad equivale aproximadamente a 16,9 millones de dólares, según la conversión utilizada en los reportes.
Las observaciones sobre el uso de fondos públicos reforzaron las críticas al acuerdo militar.
No obstante, es importante distinguir entre un gasto clasificado como irregular y un delito de corrupción probado.
En materia de auditoría pública, un gasto irregular puede estar relacionado con incumplimientos de procedimientos de contratación o normas administrativas, sin que ello demuestre automáticamente robo o desvío de dinero.
Las autoridades deberán esclarecer la naturaleza de las irregularidades y determinar si corresponde establecer responsabilidades adicionales.
Uno de los aspectos que más atención ha generado es el gasto relacionado con vuelos chárter vinculados al Proyecto Kgala.
La Alianza Democrática reclamó explicaciones sobre 100,3 millones de rands, aproximadamente 6,1 millones de dólares, registrados bajo ese concepto.
El partido pidió identificar qué desplazamientos fueron financiados, quiénes viajaron y qué obligaciones contractuales justificaban esos pagos.
También solicitó aclarar si esa cantidad incluye un vuelo previamente cuestionado, cuyo costo habría alcanzado casi 34 millones de rands, unos 2,1 millones de dólares.
Según los antecedentes publicados, esa operación habría trasladado a más de 200 militares sudafricanos a Cuba para participar en una ceremonia de graduación.
La formación política considera necesario determinar si esos gastos estuvieron debidamente justificados.
Hasta ahora, no se ha establecido en la información proporcionada una conclusión definitiva sobre la legalidad de cada vuelo.
La Alianza Democrática celebró la decisión de poner fin al Proyecto Kgala, pero advirtió que el anuncio debe acompañarse de medidas verificables.
El partido solicitó a las autoridades militares un calendario concreto para concluir las operaciones.
También reclamó una conciliación completa de los gastos y explicaciones sobre los contratos que continúan vigentes.
Uno de los principales interrogantes es si determinadas actividades de formación y asistencia técnica siguen desarrollándose pese a la orden de suspensión.
La DA considera que la continuidad de esas operaciones podría generar nuevas obligaciones financieras para el Estado sudafricano.
Por ello, pidió que el proceso de cierre sea supervisado y documentado.
El Proyecto Kgala no fue el primer acuerdo militar entre Cuba y Sudáfrica sometido a cuestionamientos financieros.
Su antecesor, Proyecto Thusano, funcionó durante aproximadamente una década.
Según información presentada por el Departamento de Defensa sudafricano ante el Parlamento en marzo de 2025, ese programa tuvo un costo acumulado de 3.040 millones de rands, equivalentes a unos 184 millones de dólares.
La Auditoría General identificó además 1.699 millones de rands en gastos irregulares, aproximadamente 103 millones de dólares, según las cifras citadas por la Alianza Democrática.
Estos montos corresponden al Proyecto Thusano y deben distinguirse de los gastos atribuidos a Kgala.
La magnitud de las cifras ha alimentado cuestionamientos sobre la eficiencia económica de los acuerdos militares entre ambos países.
Las cifras divulgadas permiten dimensionar el alcance de las controversias:
ProgramaConceptoMonto aproximadoProyecto KgalaGastos irregularesUSD 16,9 millonesProyecto KgalaVuelos chárter cuestionadosUSD 6,1 millonesProyecto ThusanoCosto total en diez añosUSD 184 millonesProyecto ThusanoGastos irregularesUSD 103 millones
Los montos de vuelos chárter corresponden a gastos incluidos en el debate sobre Kgala y no deben sumarse automáticamente a las cifras generales de irregularidades sin una conciliación contable.
La información tampoco permite concluir que todos los recursos cuestionados hayan sido recibidos directamente por el Gobierno cubano.
La cooperación militar entre Sudáfrica y Cuba tiene antecedentes históricos relacionados con el apoyo de La Habana a movimientos africanos durante la lucha contra el apartheid.
Tras el establecimiento de relaciones bilaterales, ambos gobiernos desarrollaron diferentes mecanismos de cooperación técnica, educativa y militar.
Los programas Thusano y Kgala formaron parte de esa relación.
Sus defensores destacaban la posibilidad de aprovechar personal especializado cubano para realizar tareas de mantenimiento y capacitación.
Sin embargo, sus críticos han cuestionado si resultaba más conveniente invertir esos recursos en técnicos, empresas y centros de formación sudafricanos.
La controversia se concentra tanto en los costos como en la necesidad de cumplir las normas nacionales de contratación pública.
Los cuestionamientos sobre la cooperación militar bilateral no se limitaron a los contratos de mantenimiento.
En septiembre de 2026, un sindicato militar sudafricano solicitó investigar denuncias relacionadas con supuestas presiones a efectivos enviados a Cuba.
Según los señalamientos, algunos militares habrían sido presionados para entregar parte de las asignaciones económicas que recibían durante su estancia.
Las Fuerzas Armadas sudafricanas rechazaron que esos aportes fueran obligatorios.
Por ahora, las denuncias deben distinguirse de hechos comprobados, ya que no se ha informado de una resolución definitiva que confirme responsabilidades.
El episodio añadió nuevas preguntas sobre la supervisión administrativa de los programas de cooperación.
La decisión de Sudáfrica representa la pérdida de un programa de cooperación militar que empleaba a especialistas cubanos en el extranjero.
También reduce, al menos bajo el esquema de Kgala, las oportunidades de contratación de servicios técnicos vinculados a las Fuerzas Armadas cubanas.
Sin embargo, todavía no se conoce públicamente cuánto dinero recibía directamente Cuba por este programa ni qué proporción de los pagos correspondía a salarios, transporte, formación u otros gastos.
Por tanto, no es posible calcular con precisión el impacto económico de la cancelación sobre las instituciones cubanas.
Tampoco se ha confirmado que la decisión implique la ruptura de todas las relaciones militares o diplomáticas entre ambos países.
La orden se refiere específicamente al Proyecto Kgala.
La decisión de cerrar el Proyecto Kgala llega después de cuestionamientos jurídicos, observaciones de auditoría y críticas parlamentarias sobre el uso de recursos públicos.
El programa, que comenzó en enero de 2025 con 119 técnicos cubanos, acumuló gastos irregulares reportados por 278,6 millones de rands.
Su antecedente, el Proyecto Thusano, también había registrado costos millonarios y observaciones de la Auditoría General.
La cancelación de Kgala representa un revés para la cooperación militar entre Cuba y Sudáfrica, aunque todavía quedan pendientes las explicaciones sobre los contratos, los vuelos chárter y los pagos efectuados.
Las autoridades sudafricanas deberán precisar el calendario definitivo de cierre y determinar si las irregularidades detectadas requieren nuevas actuaciones administrativas o judiciales.
Suscribite a nuestro Newsletter
