La administración del presidente Donald Trump ha implementado una congelación de fondos federales que afecta a una amplia gama de programas nacionales e internacionales. Esta medida, que entraría en vigor el 28 de enero de 2025, ha generado confusión y preocupación entre los legisladores y la ciudadanía.
Congelación de Fondos Federales
La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca emitió un memorando indicando la suspensión de "toda la asistencia financiera federal" vinculada a las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente desde su toma de posesión. Esta congelación afectaría hasta $3 billones en fondos destinados a proyectos de energía, infraestructura doméstica, iniciativas de diversidad y ayuda exterior.
Reacciones y Controversias
La medida ha sido recibida con críticas por parte de los demócratas, quienes la consideran un intento ilegal de despojar al Congreso de su autoridad sobre el presupuesto federal. El senador Chuck Schumer calificó la acción como "un robo a escala nacional" y prometió luchar contra ella "con todas nuestras fuerzas".
Suspensión Temporal por Parte de la Corte
Horas antes de que la congelación entrara en vigor, la jueza federal Loren AliKhan bloqueó temporalmente la medida, argumentando que la administración no tenía la autoridad para suspender unilateralmente los fondos federales. Esta decisión mantiene el statu quo hasta una audiencia programada para el 3 de febrero de 2025.
Impacto en Programas Esenciales
Aunque la Casa Blanca ha asegurado que la congelación no afectará a programas como Medicare, Seguridad Social o asistencia directa a individuos, se ha reportado que varios programas estatales de Medicaid han experimentado dificultades para acceder a fondos federales, afectando a millones de familias de bajos ingresos.
La administración Trump ha defendido la congelación como una medida responsable para garantizar que los fondos se utilicen de acuerdo con las prioridades presidenciales, incluyendo la reducción de la inflación y la eliminación de programas considerados "woke".
La situación continúa evolucionando, y se espera que la audiencia judicial del 3 de febrero arroje más claridad sobre la legalidad y el futuro de la congelación de fondos federales.