Assange, que está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, donde se le concedió asilo, especuló públicamente durante años con que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado cargos penales secretos en su contra por revelar información gubernamental muy sensible en su cibersitio.
Esta hipótesis pareció real luego de que en una errática demanda en un caso no relacionado, la fiscalía reveló sin querer la existencia de cargos secretos. El documento, descubierto el jueves por la noche, señaló que los cargos y la orden de detención “tendrían que permanecer confidenciales hasta que Assange sea arrestado en relación con los cargos en la denuncia penal y, por tanto, no pueda evadir o evitar por más tiempo la detención y extradición en este asunto”.
Una persona familiarizada con la situación, que habló bajo condición de anonimato porque el caso aún no se ha hecho público, confirmó que los cargos fueron presentados. Por el momento se desconoce qué acusaciones enfrenta Assange o cuándo se revelarán.
Cualquier cargo en su contra podría ayudar a aclarar la cuestión de si Rusia se coordinó con la campaña de Donald Trump para influir en las elecciones presidenciales de 2016. La medida deja entrever también que, tras años de disputas internas en el Departamento de Justicia, la fiscalía habría decidido adoptar una táctica más agresiva contra WikiLeaks, un cibersitio especializado en divulgar información confidencial.
Un caso penal también podría exponer las prácticas de un activista radical por la transparencia que ha estado bajo el escrutinio del gobierno estadounidense durante años y que está en el centro de algunas de las revelaciones más explosivas de información robada en la última década-
Assange, de 47 años, se refugió en la legación diplomática ecuatoriana hace más de seis años para evitar ser extraditado a Suecia, donde estaba acusado de delitos sexuales, o a Estados Unidos, cuyo gobierno ha sido humillado repetidamente con revelaciones masivas de información clasificada. El australiano fue bienvenido en su día en la embajada, ubicada en el lujoso vecindario de Knightsbridge de la capital británica, pero la relación con sus anfitriones se ha deteriorado con el paso de los años en medio de reportes de espionaje, comportamiento errático y problemas diplomáticos.
Barry Pollack, un abogado de Washington que trabaja para Assange, dijo que espera que Ecuador "cumpla con sus obligaciones" de preservar el estatus de su cliente, aunque reconoció la preocupación porque Quito pueda revocar la protección, expulsándolo de la embajada y extraditándolo a Estados Unidos.
"La carga no debería pasar a que el sr. Assange tenga que defenderse de cargos penales cuando de lo que se le ha acusado es de hacer lo que los periodistas hacen a diario”, manifestó Pollack. "Ellos publican información veraz porque el público tiene derecho a saber y considerar esa información y a entender lo que su gobierno e instituciones están haciendo”.
Los cargos salieron a la luz en un documento judicial de un caso no relacionado presentado por un fiscal en Virginia, que intentaba mantener el secreto sobre el proceso abierto a un acusado, Seitu Sulayman Kokayi, un maestro de 29 años imputado por seducir a una menor de 15 años a mantener relaciones sexuales y producir pornografía infantil.
Carlos Poveda, abogado de Assange en Ecuador, apuntó que sospecha que el país ha estado maniobrando para sacarlo de la embajada con la reciente imposición de condiciones más estrictas para su vida allí.
El letrado señaló que los posibles cargos estadounidenses son la prueba de que el fundador de WikiLeaks sigue bajo amenaza, y pidió al gobierno ecuatoriano que respete la protección a Assange. Quito será el responsable si le ocurre algo, añadió.
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El periodista de The Associated Press Raphael Satter en París contribuyó a este despacho.
FUENTE: Associated Press