La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional exigiría que las escuelas paguen la tarifa por cada estudiante que participe en el programa de capacitación práctica opcional, conocido como OPT, que permite a los estudiantes trabajar en empleos relacionados con su especialidad durante o después de sus estudios. Por lo general, los estudiantes son elegibles para un año de trabajo después de graduarse, aunque ciertas especialidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son elegibles para dos años adicionales.
Cada universidad tendría que pagar los 70.000 dólares por la solicitud inicial de cada nuevo estudiante al programa, y otros 30.000 por cada renovación según la iniciativa.
El cambio representaría un golpe para las y universidades estadounidenses que reclutan intensamente a estudiantes del extranjero como fuente de ingresos por matrícula, así como para empresas tecnológicas y otras industrias que contratan a muchos estudiantes internacionales para puestos técnicos.
El programa OPT permite que los estudiantes internacionales adquieran experiencia práctica y cubran la escasez de mano de obra en campos STEM de alta demanda, señaló Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, una asociación que representa a la educación internacional.
“Ahuyentar el talento, las perspectivas y las aspiraciones de los estudiantes internacionales solo perjudicará la innovación estadounidense, el crecimiento económico, el desarrollo de la fuerza laboral y el liderazgo global”, afirmó Aw en un comunicado.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional describió la tarifa como una respuesta al fraude y al abuso del programa de visas, al que calificó como una “vía de acceso para mano de obra extranjera barata”.
El público tiene 60 días para comentar la propuesta antes de que el departamento pueda finalizarla y ponerla en vigor. La propuesta también podría enfrentar impugnaciones legales de grupos de educación superior o asociaciones empresariales, lo que podría retrasarla.
El gobierno del presidente Donald Trump ha estado presionando a los estudiantes internacionales de muchas maneras como parte de sus esfuerzos más amplios por endurecer las medidas migratorias y reconfigurar la educación superior.
El año pasado, el gobierno republicano comenzó a cancelar de forma repentina el estatus legal de miles de estudiantes internacionales, deteniendo y deportando a muchos de ellos.
Este verano, el gobierno finalizó una norma que buscaba impedir que los estudiantes internacionales permanecieran en Estados Unidos por más de cuatro años sin la aprobación del gobierno federal. La medida provocó una rápida reacción de líderes de la educación superior, quienes dijeron que aumentaría la carga para las escuelas y señalaron que muchos programas, por diseño, duran más de cuatro años. Un tribunal federal impidió que la norma entrara en vigor en septiembre.
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Hollingsworth reportó desde Mission, Kansas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
