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SUSCRIBITENUEVA ORLEANS (AP) — Una abogada en el estado de Washington prometió “milagros” a decenas de miles de inmigrantes que buscaban un estatus legal en Estados Unidos.
En cambio, Alexandra Lozano creó historias falsas de violencia doméstica y trata de personas para solicitar visas humanitarias sin que sus clientes lo supieran, según varias demandas y una investigación de ética legal. Afirman que se aprovechó de la desesperación de los inmigrantes para vaciarles las cuentas bancarias mientras los dejaba en riesgo de deportación.
Lozano está acusada de contratar a trabajadores que no tenían las credenciales legales adecuadas y de construir un sistema en cadena de montaje para tramitar solicitudes a toda prisa, incluso copiando las firmas de los clientes en documentos que nunca vieron.
Gabriel Martinez Garcia, de 30 años, dijo que puso la confianza de su familia en ella”. Tras pagar 30.000 dólares, sostuvo que Lozano engañó a su familia y logró que su madre quedara sometida a un proceso de expulsión pese a su matrimonio con un ciudadano estadounidense naturalizado. Dice que creyeron en Lozano y que ella los falló.
El bufete de Lozano, Luz del Camino Legal, cerró este mes en medio de una avalancha de acusaciones. Ella cedió su licencia de abogada en lugar de enfrentar sanciones del colegio de abogados, y niega haber cometido irregularidades.
Aunque los datos federales muestran que las estafas relacionadas con servicios de inmigración están aumentando con fuerza, el presunto esquema de Lozano destaca por su magnitud. El colegio de abogados afirma que su firma aparece en más de 53.000 casos pendientes.
No está claro cuántos casos fueron fraudulentos ni hasta qué punto sus clientes fueron cómplices. Quienes la demandan aseguran que no tenían idea.
Las consecuencias de su caída están golpeando el sistema migratorio “como una ola gigante”, señaló Erika Gonzalez, abogada de la Coalition to Abolish Slavery and Trafficking.
El gobierno de Trump comenzó el año pasado a reformar los programas humanitarios que, presuntamente, Lozano explotó, al afirmar que un aumento de solicitudes desde 2020 era señal de fraude generalizado. El gobierno endureció las restricciones de los programas y ralentizó los ritmos de tramitación, algo que, según grupos defensores, perjudicará a víctimas legítimas.
Lozano se especializó en obtener visas mediante la Ley de Protección de Víctimas de Trata y Violencia de 2000 y la Ley de Violencia contra la Mujer de 1994, que abarca a todos los géneros.
Estos programas buscan evitar que abusadores manipulen el estatus migratorio de víctimas inocentes. Los estándares son más flexibles, lo que hace el sistema más accesible para las víctimas. Pero, según abogados de inmigración, también facilita la explotación por parte de bufetes de abogados.
El bufete de Lozano indagaba con los clientes sobre problemas en casa o en el trabajo y luego los convertía en casos de abuso que no alcanzaban el umbral exigido por estos programas humanitarios, según abogados que representan a decenas de sus antiguos clientes.
Aunque los clientes obtenían rápidamente permisos de trabajo, a menudo enfrentaban problemas años después al buscar la residencia permanente, cuando sus alegaciones eran sometidas a un escrutinio mayor.
Angelo Calfo, abogado que representa a Lozano, indicó que los clientes debían revisar sus solicitudes antes de firmarlas y los responsabilizó por cualquier declaración falsa.
“El ejercicio profesional de Alexandra siempre ha consistido en luchar por sus clientes, perseguir con celo todas las opciones legales disponibles para ellos y respaldar sus esfuerzos por construir una vida en este país”, afirmó su comunicado.
El colegio de abogados acusó a Lozano de fraude en mayo y su firma cerró el 10 de junio. Está siendo investigada por la unidad de fraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración según correos electrónicos obtenidos por The Associated Press. El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige la agencia de inmigración, declinó hacer comentarios.
Se reportaron al menos 920 estafas de servicios de inmigración en 2025, más que en conjunto durante los primeros tres años del gobierno de Biden, según datos de la Comisión Federal de Comercio analizados por la AP. Expertos señalan que la cifra real es probablemente mucho mayor dada la reticencia de los inmigrantes a presentarse.
Lozano es acusada de reclutar a cientos de empleados en Colombia, México y Argentina para dar asesoría legal a los clientes y gestionar solicitudes de visa. Eso significaría que los clientes nunca recibieron consultas de un abogado con licencia en Estados Unidos.
Rafael Alvarez, quien trabajó para Lozano de 2022 a 2024 en Colombia, dice que ella les decía que inventaran más información sobre el abuso porque no es un abuso real y que había muchos casos que no eran ciertos.
La exdirectora de operaciones del bufete, Amy Rios, testificó en 2024 que la firma ganó 1,7 millones de dólares enseñando a otros bufetes sus estrategias legales para visas humanitarias y que cambió la manera en que muchos abogados ahora abordan el derecho migratorio.
Demandas recientes acusan al menos a otras dos firmas en Texas y Ohio de replicar las tácticas de Lozano, algo que ellas niegan.
Erika Sanchez y su esposo entraron a Estados Unidos de manera ilegal. Varios abogados les dijeron que no había forma de ajustar su estatus desde dentro del país.
Pero Lozano prometió un resultado exitoso tras una sola consulta en 2020, según una demanda que la pareja presentó en mayo junto con otros siete exclientes.
La pareja confió en el bufete cuando les pidió sus firmas en hojas en blanco, dijo Sanchez, y vivió con un presupuesto ajustado para pagarle a Lozano más de 32.000 dólares.
Sánchez dice que creyeron que Lozano estaba haciendo lo correcto.
Agregó que nunca vieron la solicitud que el bufete presentó para su esposo, y que después se enteraron de que contenía afirmaciones falsas de que su hija adolescente lo había maltratado. Ahora él está en proceso de expulsión.
Algunos exclientes dicen que no descubrieron el presunto fraude sino hasta años después. Nora Murillo Moreno relató que el bufete le habló de las falsas acusaciones de abuso el día antes de su entrevista para la tarjeta de residencia. Entró en pánico.
Dice que no sabía si decir decir lo que realmente pasó, o lo que está escrito y que ella sabía que las cosas no coincidían.
Los abogados que demandan a Lozano sostienen que su ascenso coincide con un aumento exponencial de solicitudes de visa por casos de trata y violencia doméstica.
Las denuncias de violencia doméstica se triplicaron con creces entre los años fiscales 2020 y 2025, al pasar de casi 15.000 solicitudes a más de 53.000 al año, según datos de la agencia de inmigración. También hubo casi doce veces más solicitudes de padres que alegaban que su hijo los había maltratado.
En ese mismo periodo, las solicitudes por trata de personas saltaron de alrededor de 1.000 a más de 37.000.
En diciembre, la agencia de inmigración dijo que reformaría su programa de visas por violencia doméstica debido a un “fraude rampante”, basándose en el aumento de presentaciones, sin ofrecer otras pruebas. Los cambios incluyen acotar las definiciones de abuso y dar mayor peso a la evidencia aportada por los presuntos agresores.
Cecelia Levin, abogada de la organización Alliance for Immigrant Survivors, afirmó que hacer más difíciles estas visas para víctimas reales de abuso no es la respuesta. En su lugar, añadió, el gobierno de Trump debería centrarse en hacer cumplir la ley contra abogados que operan estafas.
Abogados de inmigración dicen que las redes sociales de Lozano estaban llenas de señales de alerta, como afirmar que la Virgen María bendecía todos sus casos.
En 2023, el colegio de abogados de Washington dijo que tenía preocupaciones sobre la práctica legal de Lozano, pero desestimó una queja ética en su contra al considerar que estaba protegida por avisos legales, según un documento obtenido por la AP. La queja alegaba publicidad engañosa y otras conductas indebidas.
Sara Niegowski, portavoz del colegio, declaró que se impidió a Lozano ejercer el derecho “tan rápido como fue posible”.
Los antiguos clientes ahora se apresuran a obtener sus expedientes del bufete ya desaparecido. Cientos acudieron a consultas recientes con abogados voluntarios en Washington y Oregon.
Muchos solicitaron sumarse a una demanda que busca compensación económica por mala praxis legal. Otra demanda colectiva pretende recuperar los honorarios de abogado.
Vicente Omar Barraza, abogado detrás de la demanda por mala praxis, indicó que cientos de exclientes le contaron que todavía no saben qué escribió el bufete de Lozano en sus solicitudes. Le preocupa que muchas personas hayan perdido vías viables para obtener un estatus legal.
Garcia Martinez, quien asegura que su madre está en proceso de expulsión porque Lozano manejó mal su caso, vive cada día con el temor de que ella sea deportada.
Dice que reza por ella y que nada de esto debió haber ocurrido.
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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jesse Bedayn en Austin, Texas, y Aaron Kessler en Washington.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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