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SUSCRIBITEWASHINGTON (AP) — CVS Pharmacy Inc. y varias filiales han acordado pagar 315 millones de dólares para resolver un caso del Departamento de Justicia en que fueron acusadas de dispensar ilegalmente recetas de opioides altamente adictivos a pesar de que eran médicamente innecesarias, informaron funcionarios el martes.
El acuerdo resuelve una demanda presentada en 2024 que acusaba a la empresa farmacéutica de proporcionar cantidades masivas de opioides y otras sustancias controladas “para abultar sus propias ganancias a expensas de la salud y la seguridad públicas”.
Es el más reciente esfuerzo del gobierno federal por exigir responsabilidades a empresas acusadas de ayudar a alimentar la crisis de adicción y sobredosis.
“El acuerdo de hoy es un hito significativo en los esfuerzos del Departamento de Justicia por combatir la epidemia de opioides al tomar medidas enérgicas contra las farmacias que cumplen ilegalmente recetas de sustancias controladas”, declaró en un comunicado Stanley Woodward, fiscal general adjunto asociado.
CVS señaló en un comunicado que sus farmaceutas estaban capacitados “en el uso seguro y apropiado de todos los medicamentos” y que había implementado programas “de primera categoría” para ayudarles a “tomar las mejores decisiones en nombre de los pacientes”.
La empresa aclaró que discrepaba firmemente con las afirmaciones hechas en la demanda y que no admite ninguna conducta indebida.
La empresa manifestó en 2024 que, en lo que respecta a surtir opioides con receta, a los farmaceutas se les estaba exigiendo cumplir con “normas de práctica vagas, indefinidas y en constante cambio”.
La demanda, presentada durante el gobierno del presidente Joe Biden, acusó a CVS de violar la Ley de Sustancias Controladas al surtir recetas ilegítimas de dosis altas de opioides potentes que “alimentaban la dependencia y la adicción”. El Departamento de Justicia alegó que la compañía dispensó grandes cantidades de opioides basándose en recetas provenientes de "fábricas de píldoras", es decir, proveedores que reparten recetas sin un propósito médico legítimo.
También sostuvo que la falta de personal, sumada a métricas de desempeño y políticas de incentivos, llevaron a que los farmaceutas se apresuraran a surtir recetas sin confirmar si eran legítimas o no. Con frecuencia, las recetas se facturaban a Medicaid y otros programas federales de atención médica, y estos las reembolsaban, según la demanda.
En virtud del acuerdo, CVS también debe “implementar salvaguardas adicionales para garantizar que las recetas de opioides y otras sustancias controladas se dispensen solo cuando sea médicamente apropiado”, señaló en un comunicado Brett Shumate, fiscal general adjunto que encabeza la División Civil del Departamento de Justicia.
Durante la última década, fabricantes de medicamentos, mayoristas, farmacias y otras empresas han aceptado acuerdos con gobiernos locales en Estados Unidos por un total de más de 50.000 millones de dólares. La mayor parte del dinero está destinada a abordar la crisis, que en algunos años se ha vinculado con más de 100.000 muertes en Estados Unidos, aunque las cifras han caído de forma pronunciada recientemente.
La mayoría de los acuerdos —y del dinero— se han alcanzado con gobiernos estatales y locales, pero Estados Unidos ha llegado a varios convenios, incluidos en los últimos dos años con las farmacias Walgreens y Walmart.
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El corresponsal Geoff Mulvihill contribuyó con esta nota desde Filadelfia.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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