Esta propuesta de ley incluye artículos que preocupan a muchos, como la oficialización del destierro de ciudadanos cubanos y la prohibición de salida del país para aquellos considerados de "interés público". Estas medidas recuerdan a la "carta blanca", un documento que los ciudadanos cubanos necesitaban hasta 2013 para salir del país, otorgado o denegado a discreción de las autoridades.
Limitaciones a la Entrada y Salida del País
La Autoridad Migratoria tendrá la potestad de limitar la entrada al país de ciudadanos cubanos bajo ciertas condiciones:
Además, el artículo 97 del proyecto establece varios supuestos en los que una persona no podrá salir del país:
Preocupaciones y Críticas
Expertos legales y activistas temen que esta ley restrinja aún más la salida del país, impactando negativamente a la diáspora cubana y a quienes buscan mejores oportunidades o escapar de la persecución política. La vaguedad de términos como “razones de Defensa y Seguridad Nacional” o “razones de interés público” permite interpretaciones arbitrarias que podrían usarse para reprimir a disidentes, activistas y periodistas, limitando la libertad de expresión y la oposición política.
La exigencia de autorizaciones específicas para la fuerza de trabajo calificada y la seguridad de la información oficial también restringe las oportunidades de desarrollo personal y profesional, impidiendo que profesionales altamente calificados participen en proyectos internacionales o avancen en su formación.
Deportación de Cubanos en el Extranjero
El proyecto de ley también prevé la deportación de ciudadanos cubanos residentes en el extranjero que sean considerados una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, una medida vista como una herramienta para silenciar a los críticos del régimen en el exterior.
Según la prensa oficialista, este proyecto de Ley de Migración se ajusta a la Constitución de la República de Cuba, las leyes y los tratados internacionales en materia migratoria, buscando una migración regular, ordenada y segura. Sin embargo, la preocupación por el impacto de esta ley en los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos cubanos sigue siendo un tema de debate.