Las misiones médicas cubanas, promovidas por el gobierno de Cuba como actos de solidaridad internacional, han sido objeto de críticas debido a las condiciones laborales que enfrentan los profesionales de la salud enviados al extranjero. Según informes, más de 22,000 trabajadores, en su mayoría médicos, son desplegados en alrededor de 50 países, generando ingresos significativos para el régimen cubano.
Sin embargo, múltiples denuncias indican que estos profesionales son sometidos a prácticas laborales abusivas. Se alega que el gobierno cubano retiene entre el 75% y el 90% de sus salarios, confisca sus pasaportes al llegar a los países de destino y restringe sus libertades personales, incluyendo la limitación de interacciones con personas consideradas contrarias al régimen.
Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han calificado estas prácticas como formas de trabajo forzado. En respuesta, algunos gobiernos han tomado medidas para abordar estas preocupaciones. Por ejemplo, en febrero de 2025, Estados Unidos implementó políticas que podrían restringir la entrada al país de funcionarios cubanos involucrados en estos programas laborales coercitivos.
Además, se han presentado acciones legales contra entidades que facilitan estas misiones. En 2018, cuatro médicos cubanos presentaron una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alegando que la organización violó la Ley de Protección de Víctimas de la Trata al participar en el programa "Mais Médicos" en Brasil.
Estas denuncias han generado un debate internacional sobre la ética y legalidad de las misiones médicas cubanas, instando a los países receptores a examinar las condiciones en las que operan estos profesionales y a garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.