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SUSCRIBITETC Mariel, vinculada a GAESA, notificó la venta de su patrimonio a Coral Marítima tras sanciones de EE.UU. a AUSA, operador clave en Mariel
La Terminal de Contenedores Mariel S.A., vinculada al entramado económico de GAESA, notificó a sus clientes la venta de su patrimonio a Coral Marítima S.A. La operación ocurre apenas dos días después de que Washington sancionara a Almacenes Universales S.A., empresa clave en la logística del puerto de Mariel.
La Terminal de Contenedores Mariel S.A., conocida como TC Mariel, notificó a sus clientes la venta de su patrimonio a Coral Marítima S.A., una nueva sociedad mercantil cubana que asumirá el negocio portuario mediante la filial Terminales Portuarias CORAL S.A.
La operación fue reportada por AFP y se habría formalizado mediante una carta fechada el 25 de junio en Artemisa, firmada por Yamile Barrios San Martín, directora comercial de TC Mariel.
El movimiento se produce apenas dos días después de que Estados Unidos sancionara a Almacenes Universales S.A., conocida como AUSA, una subsidiaria vinculada a GAESA que opera en servicios logísticos, almacenamiento, transporte y actividades asociadas al tráfico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Según el documento atribuido a TC Mariel, la compañía informó que vendió su patrimonio a la sociedad mercantil cubana Coral Marítima S.A.
Esa entidad, a su vez, habría constituido la filial Terminales Portuarias CORAL S.A. para encargarse en lo adelante del negocio que realizaba TC Mariel.
La carta comenzó a circular en redes sociales y fue interpretada por analistas, opositores y observadores del sector como una reestructuración acelerada tras la nueva ronda de sanciones de Washington.
El punto central de la polémica es si la operación representa una venta real o una maniobra formal para proteger activos frente a sanciones.
Analistas críticos del régimen consideran que el movimiento podría buscar cambiar la entidad operadora, crear una nueva estructura jurídica y mantener el control económico en los mismos círculos de poder.
La sospecha se basa en un patrón observado en otros casos: cuando una empresa vinculada al entramado militar es sancionada, el régimen crea o utiliza otra entidad para continuar operaciones similares bajo una etiqueta distinta.
El caso tiene un antecedente directo en el sector de las remesas.
Cuando Estados Unidos sancionó a Fincimex, empresa vinculada a GAESA, el régimen cubano creó Orbit S.A. como nuevo canal para asumir funciones asociadas a ese negocio.
Para críticos del sistema, esa operación mostró cómo La Habana puede sustituir formalmente una compañía sancionada por otra, sin necesariamente alterar el control real del flujo económico.
La posible transición de TC Mariel hacia Coral Marítima S.A. reabre esa misma pregunta: si se trata de una transferencia empresarial genuina o de una maniobra para sortear restricciones internacionales.
La Terminal de Contenedores de Mariel es una de las infraestructuras más importantes de Cuba.
Ubicada a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana, en la provincia de Artemisa, forma parte de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, el principal proyecto logístico, portuario e industrial impulsado por el régimen para captar inversión extranjera y mover mercancías hacia la isla.
Por su papel en importaciones, exportaciones, tránsito de contenedores y operaciones comerciales, Mariel es un punto clave para el funcionamiento económico del país.
Por eso, cualquier sanción o reestructuración en torno a sus operadores tiene impacto directo sobre bancos, navieras, proveedores, inversionistas y empresas extranjeras con vínculos comerciales con Cuba.
El 23 de junio, Washington anunció nuevas sanciones contra entidades cubanas vinculadas a GAESA y a sectores estratégicos de la economía.
Entre ellas figuran AUSA, RAFIN S.A., Banco Financiero Internacional S.A., GeoMinera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí, también conocida como Antillana de Acero.
También fue sancionada Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y figura vinculada al aparato de seguridad cubano.
La inclusión de AUSA golpeó directamente el corazón logístico de la economía cubana, porque esa empresa ha estado asociada al manejo de almacenamiento, transporte y servicios vinculados a operaciones comerciales en Mariel.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que GAESA funciona como un vehículo para que las élites del régimen controlen recursos del país y los desvíen hacia estructuras de represión, espionaje y sostenimiento político.
Rubio también lanzó una advertencia directa a bancos extranjeros, empresas logísticas, compañías marítimas y proveedores que mantienen vínculos con entidades sancionadas: quienes continúen prestando servicios podrían exponerse a sanciones.
Ese mensaje elevó el riesgo legal para compañías que operan en Cuba o que participan en cadenas de suministro relacionadas con empresas estatales bajo control militar.
De acuerdo con reportes citados por AFP, GAESA habría iniciado un proceso más amplio de desprendimiento o reorganización de varias de sus empresas.
El objetivo, según analistas, sería reducir exposición directa a sanciones, mover activos hacia nuevas estructuras mercantiles y preservar capacidad operativa bajo nombres distintos.
El economista Miguel Alejandro Hayes ha advertido que el régimen podría desaparecer formalmente una institución como GAESA y crear otra entidad paralela con funciones similares.
Esa lectura cobra fuerza ante operaciones como la de TC Mariel y Coral Marítima S.A.
GAESA es considerado el conglomerado económico de la élite militar cubana.
Durante años ha controlado o influido en sectores como turismo, comercio, logística, puertos, remesas, tiendas en divisas, transporte, telecomunicaciones, inmobiliarias y servicios financieros.
Washington lo ha señalado como el músculo financiero del régimen cubano y como una estructura que permite a las Fuerzas Armadas controlar divisas, activos físicos y empresas estratégicas.
Las sanciones recientes buscan cortar ese flujo de ingresos y aumentar el costo para empresas extranjeras que sigan operando con entidades vinculadas al conglomerado.
Mientras se producen ventas, reestructuraciones y cambios de nombre empresarial, la población cubana sigue enfrentando apagones, escasez de alimentos, falta de medicamentos, inflación y deterioro de los servicios básicos.
Para los críticos del régimen, la operación de Mariel muestra una prioridad clara: proteger activos estratégicos y preservar el control económico de la élite, incluso en medio de una crisis nacional.
La pregunta de fondo es si Coral Marítima S.A. representa un cambio real de control o solo una nueva fachada jurídica para mantener funcionando el mismo negocio bajo otra estructura.
La venta del patrimonio de TC Mariel a Coral Marítima S.A. marca un nuevo capítulo en la confrontación entre Washington y La Habana.
Estados Unidos busca cerrar espacios financieros y comerciales a GAESA. El régimen cubano intenta mantener operativas sus fuentes de ingresos y sus rutas logísticas.
En medio de ese pulso, Mariel se convierte en un punto estratégico: no solo por su valor portuario, sino porque revela cómo el poder económico cubano se reorganiza cuando las sanciones golpean directamente sus estructuras.
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