Esta norma, publicada en la edición ordinaria número 48 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, ha generado una ola de críticas por parte de la comunidad internacional y los medios independientes.
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SUSCRIBITEEntra en vigor nueva Ley de Comunicación Social en Cuba que censura a la prensa Independiente y permitirá por primera vez desde 1959 el uso de publicidad comercial en la radio y la televisión
El régimen cubano ha presentado oficialmente la nueva Ley de Comunicación Social, tras más de un año desde su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)
Por primera vez desde 1959, la ley permite el uso de publicidad comercial en la radio y la televisión nacional.
Sin embargo, también refuerza el control del régimen sobre la información y los medios de comunicación, ignorando y censurando a la prensa independiente. Este control se consolidará mediante dos decretos regulatorios adicionales.
Aunque se presenta como una modernización del marco comunicacional en la isla, la ley es percibida como un intento del gobierno de mantener su monopolio sobre los medios, fortaleciendo su control desde el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). Además, introduce regulaciones sobre fenómenos digitales, identifica a personas con influencia comunicativa e impone responsabilidades a los ciudadanos por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican en el ciberespacio.
Reacciones oficiales y críticas
Onelio Castillo, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), celebró la publicación de la ley, considerándola una jornada trascendental que culmina 40 años de debate. "No es una ley gremial, no es una ley que se construye para los órganos y entidades del Estado. Es una ley que se implementará para toda la sociedad, para que el pueblo pueda comunicarse mejor, para que la administración pública se comunique mejor con el pueblo, para más diálogo y más participación popular", afirmó Castillo.
La ley, aprobada en mayo de 2023 tras numerosos borradores y un retraso de seis meses por falta de consenso interno, entrará en vigor dentro de 120 días. Según Castillo, en el último año solo se realizaron correcciones de estilo y redacción, sin cambios sustantivos.
Un instrumento de censura
La nueva ley ha sido diseñada para silenciar las voces disidentes y controlar la narrativa pública en Cuba. Uno de sus principios fundamentales es la prohibición de la divulgación de información que pueda desestabilizar el "Estado socialista", tanto en medios tradicionales como en el ciberespacio.
Solo los medios de comunicación vinculados al gobierno, al Partido Comunista de Cuba y a las organizaciones de masas tienen legalidad en el país, contraviniendo los principios de libertad de prensa y expresión. La Constitución cubana declara que los medios de comunicación son de propiedad socialista, asegurando que cualquier medio independiente que intente operar en el país será automáticamente ilegal.
Activistas y periodistas independientes, que han sido blanco de programas como "Hacemos Cuba" y "Con Filo", ven en esta ley una herramienta más del gobierno para silenciar cualquier forma de crítica al Estado. La ley especifica que los contenidos no pueden ser usados para subvertir el orden constitucional ni para sustentar agresiones comunicacionales contra el gobierno, permitiendo la censura de cualquier contenido que el régimen considere inadecuado.
Aunque la inclusión de publicidad comercial y patrocinio en los medios de comunicación podría parecer una apertura, está condicionada por la aprobación estatal, asegurando que los ingresos no provengan de fuentes que el gobierno considere subversivas.
En resumen, la Ley de Comunicación Social de Cuba, aunque presentada como una modernización del marco regulatorio, es en realidad una herramienta del régimen para mantener su control absoluto sobre la información y reprimir con mayor fuerza cualquier voz disidente.
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