La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) indicó en su informe anual de 2021 que Cuba es el país con la tasa más alta de población penitenciaria a nivel mundial, contabilizándose cerca de 882 personas privadas de libertad por cada 100,000 mil habitantes.
De acuerdo con la entidad, el régimen cubano ha adoptado una política criminal orientada a favorecer el aumento de detenciones y “respectivas condenas”.
“En este sentido, según datos de sociedad civil aportados en 2020, por año se iniciarían más de 32.000 causas penales, lo que resultaría en que aproximadamente 40.000 personas sean acusadas anualmente en sede judicial.
Del total, cerca del 93% serían declaradas culpables (37.200 personas aproximadamente), de las cuales el 69% aproximadamente (25.500 personas) obtendrían sanciones de prisión o de trabajo correccional en establecimiento penitenciario”, señaló el CIDH.
El informe detalló que en las prisiones cubanas prevalecen las mismas problemáticas analizadas en diversas oportunidades como el hacinamiento, negligencia en la atención médica, alimentación inadecuada, escasez de agua, falta de ventilación y precarias condiciones higiénicas y de salubridad. Estas condiciones han sido las causantes de brotes de tuberculosis, enfermedades diarreicas agudas y otras transmitidas por parásitos como la escabiosis.
La comisión también reflejó que el régimen de la isla ofreció por última vez los datos de la población penal en 2012.
En relación con la falta de información estatal sobre personas privadas de libertad, la Comisión advierte que los datos oficiales más actualizados fueron publicados en el 2012, cuando se contabilizaban 57.337 personas detenidas en las prisiones del país, agregó.
Sin embargo, al contrastar la anterior cifra con los datos que aportan organizaciones independientes dentro Cuba se “documentan casi el doble, al registrar al 30 de marzo de 2021, cerca de 100,000 personas detenidas”.
“Desde su Informe Anual 1992-1993, la Comisión viene observando con gran preocupación el empleo sistemático de las detenciones arbitrarias sumarias como método de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas -profundizado en el contexto de las protestas del 11 de julio-, la situación de las personas condenadas por razones políticas, y el tratamiento diferenciado que las anteriores reciben en materia de acceso a beneficios penitenciarios”, indicó el CIDH.
Carlos Martínez | americateve.com