Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITECIUDAD DE MÉXICO (AP) — La crisis que padece México de personas desaparecidas, que se acerca a los 133.000 casos, es motivo de una controversia entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y un comité de Naciones Unidas que amenaza con extenderse a otras instancias de la organización.
Según se esperaba, Sheinbaum reaccionó el lunes con dureza frente a un informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), que la semana pasada solicitó remitir urgentemente la situación de México a la Asamblea General para que sopese medidas de prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones forzadas.
Según el comité, que forma parte del sistema de la ONU, existen “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”.
“No fueron consideradas las acciones que hemos hecho y no tiene nada que ver con los colectivos, la solidaridad con los familiares buscadores y el trabajo que hacemos de la alerta y erradicar el delito de la desaparición vinculado con la delincuencia organizada”, manifestó la mandataria al rechazar el informe, y agregó que el análisis se basó en casos ocurridos en cuatro estados mexicanos entre 2009-2017 y que los resultados “los extrapolan hasta 2025”.
De igual forma, Sheinbaum le restó importancia al comité, asegurando que “no es de Naciones Unidas”, sino que es “un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas”.
En su conferencia matutina, la presidenta anunció que su gobierno buscará una comunicación directa con el responsable del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México “para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe”.
Ante las críticas de las autoridades mexicanas, Juan Pablo Albán, presidente del CED, afirmó el lunes en su cuenta en la red social X que las diferencias jurídicas, incluso políticas, “son comprensibles” en el marco del diálogo internacional y la cooperación, pero sostuvo que es “fundamental preservar el respeto institucional” hacia los órganos de supervisión de los derechos humanos y sus integrantes.
Asimismo, Albán recordó que, según la normativa internacional, los miembros del comité no pueden ser sometidos a ningún tipo de dirección, influencia o presión de un Estado.
Sin mencionar a Sheinbaum, el experto ecuatoriano respondió a las críticas de la presidenta, diciendo que el CED sí forma parte del sistema de la ONU, y agregó que son “mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros”, que eligen a los integrantes del comité.
El jurista también refutó las críticas al informe, y sostuvo que el análisis de los casos de desaparecidos en México “no se limita a un periodo cerrado”, sino que “examina la evolución de la situación hasta la actualidad”, y como ejemplo de ello citó un párrafo del texto que reconoce que el “constante aumento” de los casos representa un indicio de la magnitud del fenómeno “sin que se vislumbre una tendencia inversa”.
En medio de la controversia, un grupo de familiares de víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en 2018 en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, realizó el lunes un acto en esa localidad para protestar contra la inacción de las autoridades.
“A ocho años de distancia, la Fiscalía General de la República no ha localizado a ninguno de nuestros familiares. Todavía seguimos buscando a 32 personas, entre ellas a mi hijo Julio César”, afirmó Ericka Arredondo, al denunciar que, de las 54 víctimas que dejó un operativo de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina en Tamaulipas, aún siguen sin ser localizadas 32. Hasta la fecha no se ha dado ninguna sentencia condenatoria firme en contra de los presuntos responsables en ese caso.
La problemática de desaparecidos en México se remonta al último tercio del siglo XX, pero a partir de 2006, cuando se inició la guerra frontal contra el crimen organizado, las cifras se dispararon, sin que se hayan logrado contener hasta la fecha.
En un intento por hacer frente a esta crisis, el año pasado Sheinbaum anunció una serie de reformas para agilizar las búsquedas, y a finales de marzo presentó una revisión del registro nacional de personas desaparecidas. Organizaciones humanitarias locales criticaron dicha revisión, asegurando que las debilidades en los registros revelan la enorme impunidad que existe en el país sobre esos casos, y consideraron que las nuevas clasificaciones no tienen fundamento legal.
La mandataria decidió hacer los cambios tras la fuerte controversia que se desató en el país luego de que, en marzo de 2025, un colectivo denunció el hallazgo de numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio Teuchitlán del estado occidental de Jalisco. El predio era utilizado por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación como un centro de entrenamiento de sus integrantes.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter