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SUSCRIBITEWASHINGTON (AP) — El presidente Lyndon B. Johnson sabía que la legislación que estaba a punto de firmar era trascendental, una ley cuya aprobación exigió la valentía de ciertos miembros del Congreso porque la votación podría sus escaños.
Como reconocimiento, tomó la inusual decisión de trasladar la firma del Despacho Oval al Capitolio. Fue el 6 de agosto de 1965, cinco meses después de que el ataque del “Domingo Sangriento” contra manifestantes por los derechos civiles en Selma, Alabama, impulsó el proyecto de ley que se conoció como Ley del Derecho al Voto.
En las seis décadas transcurridas desde entonces, se convirtió en una de las normas más trascendentales en la historia del país, al impedir la discriminación contra las minorías en las urnas y contribuir a la elección de miles de representantes negros e hispanos en todos los niveles de gobierno.
El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló un pilar importante de la ley que había servido de protección contra la discriminación racial en el voto y la representación. La decisión llegó más de una década después de que el tribunal socavara otro principio clave de la norma, lo que condujo a leyes electorales restrictivas en varios estados. Activistas del derecho al voto y los derechos civiles temen lo que pueda depararle el futuro a las comunidades minoritarias.
“Significa que hay comunidades enteras que pueden quedarse sin representación", dijo Cliff Albright, cofundador del grupo Black Voters Matter. "Literalmente nos está devolviendo a la era de Jim Crow sin ningún tipo de remordimiento, y no es una exageración”.
Kareem Crayton, vicepresidente de la oficina de Washington del Brennan Center for Justice, señaló que la constante labor del alto tribunal para erosionar la Ley del Derecho al Voto, que culminó con la decisión del miércoles, equivalía a “enterrarla sin funeral”.
El fallo de la Corte Suprema se produjo en un caso de redistribución de distritos congresionales de Louisiana, después de que el estado creara uno que le dio su segundo representante negro en el Congreso.
Los magistrados deteminaron que ese mapa suponía una manipulación inconstitucional de distritos —una maniobra conocida como gerrymander— porque tuvo en cuenta la raza a la hora de trazar la demarcación. En una opinión escrita por el juez Samuel Alito, la mayoría conservadora del tribunal sostuvo que la disposición de la Ley del Derecho al Voto en cuestión, llamada Sección 2, fue diseñada para proteger a los votantes de la discriminación intencional.
En su voto disidente, la jueza Elena Kagan afirmó que el umbral para demostrar discriminación intencional es “una barrera casi insuperable para que las impugnaciones de cualquier asunto de derechos de voto puedan probar la discriminación”.
Expertos en derechos electorales apuntaron que el fallo deja a la Ley del Derecho al Voto como apenas una sombra de lo que fue y abrirá las puertas para que quienes diseñan los mapas políticos a todos los niveles —desde los distritos escolares a las legislaturas estatales y el Congreso— socaven la representación de las minorías.
“Estamos presenciando el desmantelamiento del mayor hito legislativo de Estados Unidos a manos de una Corte Suprema de extrema derecha”, manifestó el representante demócrata de Nueva York Ritchie Torres.
Maria Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, indicó que la decisión permitirá una “fragmentación y concentración” más agresiva de poblaciones para diluir sus votos, “no solo en distritos congresionales, sino también en legislaturas estatales, comisiones de condado, juntas escolares y concejos municipales”.
El jueves, varios grupos de derechos civiles ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para condenar el fallo de la Corte Suprema y comprometerse a luchar contra sus consecuencias.
Marc Morial, presidente y director ejecutivo de la National Urban League, pidió que no se presente el momento actual como una mera batalla por el control político entre demócratas y republicanos.
“Esta decisión es la continuación de un asalto directo a los avances del Movimiento por los Derechos Civiles que comenzó en 1954 con la decisión Brown contra la Junta de Educación”, expresó.
Expertos en derechos electorales dijeron que no hay duda del impacto que ha tenido la ley a lo largo de las décadas.
Sherrilyn Ifill, profesora de derecho en la Universidad Howard y expresidenta del NAACP Legal Defense Fund, señaló que en 1970 en todo el país había alrededor de 1.500 funcionarios electos negros. Hoy, esa cifra supera los 10.000.
“Y no es por la bondad de la gente”, remarcó.
Indicó que ese éxito fue el resultado directo de que las comunidades negras, los activistas por los derechos civiles y los abogados contaran con herramientas, gracias a la Ley del Derecho al Voto, para presentar recursos contra los esfuerzos para reducir el peso electoral de votantes negros e hispanos. La mayoría de los casos relacionados con la Sección 2 han abordado la representación en gobiernos locales.
No se trata solo de cifras.
La pérdida de representación, especialmente en legislaturas estatales y en el Congreso, se traducirá en que las comunidades minoritarias pierdan voz en asuntos que les importan, como la atención médica, la educación y las necesarias mejoras en las obras públicas, aseveró Sophia Lin Lakin, subdirectora del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
“Los estados pueden alegar ahora objetivos partidistas para justificar mapas que despojan de representación a los votantes de color, y los tribunales federales tendrán poca base para intervenir”, agregó.
La histórica ley firmada por Johnson hace 61 años había sido enmendada a lo largo de los años, pero el cambio más significativo se produjo en 2013, cuando la Corte Suprema dictó sentencia en el caso Shelby County vs Holder. En esencia, esa decisión puso fin a una disposición de la Ley del Derecho al Voto que establecía la manera en que los estados y jurisdicciones locales debían incluirse en una lista de aquellos que debían obtener aprobación o autorización previa del Departamento de Justicia para realizar cambios relacionados con el voto.
Ese fallo allanó el camino para que los estados, en su mayoría republicanos, aprobaran una serie de leyes electorales restrictivas, especialmente después de que el presidente Donald Trump, también republicano, afirmó falsamente que un fraude generalizado impidió su reelección en 2020 frente al demócrata Joe Biden.
En una sorpresiva decisión en 2023, la Corte Suprema ratificó la Sección 2 en un caso de redistribución de distritos en Alabama, una decisión que esencialmente revirtió el miércoles.
La pregunta ahora es qué pasará ahora, para los representantes de las minorías y las comunidades a las que representan.
En Louisiana, la decisión coloca al representante demócrata Cleo Fields en la lista de los que corren peligro. Los principales líderes electos del estado, todos republicanos, ya planean posponer las primarias estatales del 16 de mayo para poder redibujar las circunscripciones congresionales.
No es la primera vez que la redistribución de distritos complica los planes políticos de Fields. En la década de 1990, sirvió durante dos mandatos hasta que el estado redibujara su distrito.
“Ya he pasado por esto antes, hace 33 años”, comentó.
Shomari Figures, quien ganó el escaño creado en Alabama tras la decisión del tribunal en 2023, dijo que la decisión no cambia los distritos congresionales actuales de ese estado, pero sí ha hecho que probar la discriminación racial en futuros casos de redistribución de distritos sea significativamente más difícil.
“Esto llevará a que los estados, principalmente en el sur, lancen iniciativas de inmediato para redibujar distritos de maneras que diluirán el impacto de los votantes negros y reducirán drásticamente el número de oportunidades realistas de elegir a miembros negros al Congreso”, advirtió.
Shalela Dowdy, una residente de Alabama que figuró como demandante en el caso que permitió la creación de un nuevo distrito ahora representado por Figures, dijo que le preocupa que la decisión conduzca a revertir el distrito creado en 2023, el cual —según ella— dio más voz a los votantes negros.
“Ponerlo en manos de los estados a este nivel es peligroso”, declaró Dowdy. “Hay antecedentes de que los estados no hacen lo correcto basándose en su población”.
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Chandler informó desde Montgomery, Alabama. Los periodistas de The Associated Press Jeff Amy en Atlanta; Joey Cappelletti, Matt Brown y Haya Panjwani en Washington, y Graham Lee Brewer en Oklahoma City contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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