El gobierno de Trump pide a los jueces que anulen decisiones de tribunales inferiores según las cuales la orden ejecutiva que prohíbe las solicitudes de asilo es ilegal. Este es el más reciente de una serie de casos de inmigración presentados ante el máximo tribunal.
La ley federal otorga a las personas el derecho a solicitar asilo si temen persecución en sus países de origen, sin importar cómo hayan llegado a Estados Unidos.
Al mismo tiempo, también permite que el poder ejecutivo decida si se concede asilo a las personas. El gobierno de Trump sostiene que puede negar categóricamente el asilo a los migrantes cubiertos por la orden y que no debería tener que aceptar solicitudes destinadas a ser rechazadas.
Abogados federales afirman que los tiempos de tramitación, que se prolongaban durante años, habían contribuido a una gran afluencia de migrantes en la frontera sur, ya que muchos eran liberados dentro del país mientras esperaban una decisión.
Pero abogados de inmigración de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes replican que los cruces fronterizos ya iban a la baja antes de que Trump asumiera el cargo.
Sostienen que la orden ejecutiva es un intento ilegal de “desmantelar” unilateralmente las protecciones legales destinadas a proteger a las personas que huyen del peligro en sus países de origen.
El poder ejecutivo decide si concede asilo, lo que permite que las personas vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Pero, según argumentan los abogados de inmigración, se supone que esas decisiones deben tomarse caso por caso y la ley no permite que el presidente impida unilateralmente que las personas siquiera presenten una solicitud.
La prohibición de asilo forma parte de una de una serie de restricciones migratorias que el presidente republicano implementó tras su regreso al cargo en 2025. Ha permanecido vigente durante el litigio.
Se espera que los jueces escuchen el caso en los próximos meses y emitan una decisión a más tardar a finales de junio.
Es el tercer caso importante de inmigración que el máximo tribunal escuchará en este periodo. Los jueces también decidirán si las personas pueden ser deportadas rápidamente a países distintos de sus lugares de origen y si los inmigrantes pueden ser detenidos indefinidamente durante los procedimientos de deportación.
Los jueces resolvieron otro caso de asilo a favor del gobierno a principios de este año, despejando el camino para que el gobierno de Trump pueda reactivar una política de “dosificación” que se ha utilizado en años anteriores para rechazar a inmigrantes.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP