La nueva norma eleva la pena mínima para los traficantes que encabezan organizaciones criminales de cinco a ocho años. Al mismo tiempo, refuerza la función de las comunidades terapéuticas.
Los especialistas sostienen que la ley lleva a Brasil en dirección contraria a muchos países, que abordan la adicción como un problema de salud.
Anteriormente, los consumidores debían aceptar la hospitalización, pero la nueva ley permite la rehabilitación involuntaria por recomendación de un familiar o un funcionario de salud pública.
Bolsonaro es un fervoroso opositor de la liberalización de las drogas.