La Ley de Minas --que deroga otras dos normas de 1999 y 2015— establece amplias garantías jurídicas, incluida la posibilidad que “las dudas y controversias de cualquier naturaleza”, que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, podrán ser decididas por tribunales competentes de Venezuela o mediante mecanismos alternativos, incluyendo la “mediación y el arbitraje”.


