Las autoridades colombianas han reportado el desplazamiento de más de 8.000 personas debido a los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC en varias regiones del país. Este conflicto ha generado una grave crisis humanitaria, especialmente en zonas rurales, donde comunidades enteras han sido forzadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad.
Según los reportes, las confrontaciones entre estos grupos armados se intensificaron en los últimos meses debido a disputas territoriales relacionadas con el control de rutas estratégicas para el narcotráfico y otros negocios ilícitos. Los departamentos más afectados incluyen Nariño, Cauca y Chocó, donde las comunidades indígenas y afrodescendientes han sido particularmente vulnerables.
Las autoridades locales y organizaciones humanitarias han activado mecanismos de emergencia para atender a los desplazados, proporcionando albergues temporales, alimentos y atención médica. Sin embargo, los recursos son limitados y no alcanzan para cubrir las necesidades de todas las personas afectadas.
El Gobierno colombiano ha condenado enérgicamente las acciones de los grupos armados y reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas. Además, se ha intensificado la presencia militar en las zonas de conflicto, aunque esto no ha sido suficiente para frenar la violencia.