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SUSCRIBITELa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/2025 en favor de Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional Argentina, detenido ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro el 8 de diciembre de 2024 en Ureña, Venezuela. La CIDH alertó sobre el riesgo de daño irreparable a su vida e integridad personal. Gallo, quien ingresó al país con documentos en regla para visitar a su esposa e hijo, fue llevado por funcionarios de la DGCIM y dejado incomunicado. El régimen venezolano reconoció su detención, pero no ha dado información sobre su estado ni paradero.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/2025, otorgando medidas cautelares en favor de Nahuel Agustín Gallo, un gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, Venezuela. Desde entonces, su paradero exacto sigue siendo desconocido, y sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable, según advirtió el organismo.
De acuerdo con la CIDH, Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido mientras intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su esposa y a su hijo de dos años. En el momento de su detención, el gendarme portaba toda la documentación necesaria, incluyendo un pasaporte válido y pasajes de ida y vuelta. Sin embargo, tras una revisión de documentos, las autoridades venezolanas lo llevaron a una “entrevista”, le confiscaron su teléfono y lo dejaron incomunicado.
El último contacto de Gallo con su familia ocurrió poco antes de las 11 de la mañana de ese día, cuando logró llamar a su esposa desde el teléfono de un taxista. Durante esa breve conversación, informó que estaba siendo trasladado para una segunda entrevista. Posteriormente, el taxista confirmó que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo habían llevado, identificándose mediante las siglas en su vehículo.
Aunque altos funcionarios venezolanos han reconocido públicamente la detención de Gallo, no se han revelado las razones de su arresto, los cargos en su contra, ni su ubicación actual. Tampoco se ha confirmado si ha recibido atención médica o si ha sido presentado ante un tribunal. Los abogados de Gallo y su familia han enfrentado obstáculos para obtener información oficial, y las denuncias presentadas ante la Fiscalía venezolana han sido rechazadas.
En respuesta, el gobierno argentino calificó el caso como una desaparición forzada, denunciando la negativa del régimen de Nicolás Maduro a proporcionar detalles sobre las condiciones de reclusión de Gallo. Fotos y videos difundidos por la dictadura muestran al gendarme en un lugar no identificado, lo que ha sido interpretado como una "prueba de vida". La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, criticó estas imágenes como una "pantomima" y exigió la liberación inmediata de Gallo.
La CIDH concluyó que el caso cumple con los criterios de gravedad, urgencia e irreparabilidad establecidos en su reglamento. En consecuencia, instó a Venezuela a:
El organismo subrayó que estas medidas cautelares buscan proteger los derechos fundamentales de Gallo y no implican un juicio previo sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
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