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SUSCRIBITEEn el enfrentamiento legal cada vez más amargo entre el presidente estadounidense Donald Trump y los medios de comunicación cuya cobertura le desagrada, ha surgido una nueva y crucial tercera parte: los ciudadanos que ven y leen las noticias y las necesitan para hacer su trabajo.
Una demanda presentada el lunes en nombre de seis de esos ciudadanos —que, en la práctica, representan a las audiencias de los medios informativos— sostiene que no solo se vulneran los derechos de las organizaciones periodísticas cuando Trump les prohíbe el acceso a las instalaciones de la Casa Blanca. Más fundamentalmente, argumenta la demanda, esas prohibiciones violan el derecho del público a una cobertura independiente sobre su presidente y su gobierno.
“La lesión definitiva aquí… es para el público democrático”, señala la demanda, presentada ante un tribunal federal de distrito en Nueva York contra Trump y tres asesores clave, incluida la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.
“La Primera Enmienda protege el derecho del público a saber qué está haciendo su gobierno”, manifestó Katie Fallow, subdirectora de litigios del Knight First Amendment Institute, que presentó la demanda en nombre de los seis demandantes, junto con la Media Freedom & Information Access Clinic de la Facultad de Derecho de Yale.
“La Casa Blanca no puede decidir qué información reciben los estadounidenses castigando la cobertura crítica”, indicó Fallow en un comunicado. “Cuando la Casa Blanca expulsa a reporteros por su cobertura y amenaza a otros con expulsarlos, no solo sufre la prensa: el público pierde acceso a información independiente y recibe algo más cercano a propaganda gubernamental”.
Los seis demandantes son personas que afirman depender de una cobertura independiente y diversa de la Casa Blanca para su labor docente, periodística o de incidencia. Entre ellos hay un reconocido defensor de derechos humanos, un periodista político, una profesora de historia de Yale, un profesor de educación cívica de secundaria, un periodista jurídico y un estudiante periodista de la Universidad de Pensilvania.
La demanda presentada el lunes repasa cómo diversas organizaciones informativas que han sido blanco de Trump ya están enfrentándose a la administración en los tribunales. Entre esos casos figura la demanda actual de CNN, MS NOW y Politico, cuyos periodistas fueron expulsados de la Casa Blanca en septiembre.
Un juez federal amplió recientemente una orden que impide a la Casa Blanca hacer cumplir la prohibición mientras el caso avanza en el sistema judicial. Aun así, lo que sigue viéndose afectado es la cobertura de “pool” de CNN sobre Trump. La Casa Blanca ha negado a la cadena sus turnos habituales en el “pool” de video que cubre las actividades y los viajes del presidente, y CNN ha amenazado con tomar medidas adicionales.
También continúa el caso legal que involucra a The Associated Press, cuyos reporteros fueron vetados el año pasado del Despacho Oval, del Air Force One y de algunos actos, como represalia por la decisión del medio de no seguir la línea de Trump de cambiar el nombre del golfo de México —que se encuentra parcialmente en aguas mexicanas y de otros países— a “golfo de América”.
The New York Times también participa en un litigio, por una política del Pentágono que exige escoltas para los periodistas dentro de sus instalaciones. Y ABC está contraatacando a la administración Trump en una disputa por la renovación de sus licencias de radiodifusión.
La nueva demanda presentada el lunes, sin embargo, es distinta de acciones legales anteriores contra el presidente: primero, porque los demandantes son ciudadanos comunes. Y busca un remedio más amplio.
La demanda, que nombra como demandado a Trump junto con Wiles, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca Steven Cheung y el director del Servicio Secreto Sean M. Curran, no solo pide restituir el acceso que ya se ha visto afectado, sino también una amplia orden judicial que protegería de represalias a todos los medios que cubren la Casa Blanca.
La demanda afirma que “la política de los demandados de restringir el acceso de organizaciones informativas desfavorecidas priva al público de la cobertura de esas organizaciones, y de manera inevitable también lo priva de la cobertura independiente de otras organizaciones informativas, ya que ahora todo periodista que informa desde la Casa Blanca debe tener en cuenta la posibilidad de que una palabra crítica o imprudente sobre el presidente pueda resultar en que su acceso sea restringido o revocado sumariamente”.
“Los demandantes… solicitan una declaración de que la política es inconstitucional porque impone restricciones en un foro público limitado que se basan en el punto de vista y son irrazonables. También solicitan una orden judicial que prohíba a los demandados hacer cumplir la política”.
Los demandantes son:
—Kenneth Roth, exdirector ejecutivo durante muchos años de Human Rights Watch y profesor en la Facultad de Derecho y la Escuela de Asuntos Globales de Yale. Roth “depende de la recopilación de información y de la cobertura de los miembros del cuerpo de prensa de la Casa Blanca para fundamentar sus escritos y comentarios públicos”, señala la demanda.
—Daniel Froomkin, periodista de medios y política y editor de Press Watch, una organización sin fines de lucro que anima a los periodistas políticos a “cumplir su misión esencial de crear un electorado informado y exigir rendición de cuentas a los poderosos”.
—Beverly Gage, historiadora ganadora del Premio Pulitzer y profesora en la Universidad de Yale, que “depende de la recopilación de información y de la cobertura del cuerpo de prensa de la Casa Blanca para sustentar su trabajo académico, sus escritos públicos y sus comentarios”.
—Peter Schmidt-Nowara, profesor de estudios sociales en una escuela secundaria de la ciudad de Nueva York, que imparte cursos de educación cívica y considera la cobertura de la Casa Blanca “esencial para su trabajo como educador”.
—Benjamin Wittes, editor en jefe de Lawfare e investigador principal en la Brookings Institution, cuya publicación “depende especialmente del cuerpo de prensa de la Casa Blanca para ofrecer una cobertura precisa y oportuna del presidente”.
—Ethan Young, estudiante de la Universidad de Pensilvania y editor en jefe de The Daily Pennsylvanian, quien, como estudiante periodista, “depende de un grupo diverso, independiente y confiable de reporteros de la Casa Blanca para que actúen como sus representantes”.
Schmidt-Nowara, quien enseña en Brooklyn Technical High School, es citado en la demanda diciendo: “Como profesor de estudios sociales, quiero que mis estudiantes tengan acceso a una cobertura precisa e independiente sobre su gobierno”. Añade que está “profundamente preocupado de que las restricciones de la administración Trump a los reporteros de la Casa Blanca estén cortando el acceso a información crucial”.
“Me sumé a esta demanda porque mis estudiantes merecen saber qué está pasando en su gobierno y escuchar a una prensa libre e independiente”, expresa.
Young, el estudiante periodista, sostiene que, como no puede acceder personalmente a los espacios de prensa de la Casa Blanca, depende de “un grupo diverso, independiente y confiable” de reporteros de la Casa Blanca para que actúen como sus representantes.
El efecto de los cambios de política federal se ha “sentido de manera aguda en los campus universitarios, incluido el de Penn”, se cita a Young diciendo. “Como estudiante periodista, dependo de la cobertura del cuerpo de prensa de la Casa Blanca para entender las decisiones que se toman en Washington, sus consecuencias y cómo impactan a mi comunidad universitaria. Una prensa libre y dinámica me permite hacer precisamente eso”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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