La sensación de urgencia surge mientras crecen las filas en los aeropuertos y los pasajeros están recibiendo avisos de venir horas antes de sus vuelos. La financiación rutinaria de Seguridad Nacional se detuvo a mediados de febrero, antes de la ajetreada temporada de viajes de primavera. Casi el 11% de los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) —más de 3.200— faltó al trabajo el lunes, y al menos 458 han renunciado por completo desde que comenzó el cierre, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Los demócratas se niegan a financiar el departamento a menos que haya profundas reformas a la conducta de los agentes de inmigración, acusados de abusos particularmente después de las muertes de dos ciudadanos en Minneapolis.
Un posible avance llegó tarde el lunes, después de que un grupo de senadores republicanos se reunió en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, quien hizo descarrilar las conversaciones al desplegar a agentes federales de inmigración en los aeropuertos, una medida que según algunos legisladores podría elevar las tensiones.
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, calificó las conversaciones de “positivas y productivas” y afirmó que la mayor parte del DHS sería financiada sin grandes cambios.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, manifestó el martes que, después de la “rabieta” de Trump, parece que “las cosas vuelven a encarrilarse”.
Esperanzas de un acuerdo rápido Los próximos pasos en el Congreso podrían avanzar con rapidez, si los legisladores logran un acuerdo, o desinflarse con la misma velocidad.
Los contornos del acuerdo que se está considerando financiarían la mayor parte de Seguridad Nacional, pero no la parte principal del ICE: las operaciones de control y expulsión que son centrales en la agenda de deportaciones de Trump.
Según la propuesta que se está barajando, se financiaría la división de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Pero eso vendría con límites: mantener a los agentes de esas divisiones en sus funciones tradicionales, en lugar de desplegarlos en redadas migratorias en zonas urbanas.
El plan también incluiría una serie de cambios en las operaciones migratorias que los demócratas han exigido, entre ellos obligar a que los agentes usen cámaras corporales e identificación. Aunque los agentes de ICE que trabajan en los aeropuertos están sin usar máscaras, la exigencia demócrata de que no se cubran la cara durante las operaciones migratorias no parece formar parte del acuerdo.
Dado que gran parte del ICE ya está financiada a través del gran proyecto de recortes fiscales de Trump, y que los agentes de inmigración siguen recibiendo sus cheques de pago pese al cierre, ambos bandos se atribuyen victorias políticas: los demócratas pueden decir que frenaron el flujo de fondos adicionales para ICE mientras lograban cambios ya acordados, y los republicanos pueden sostener que evitaron restricciones más significativas a las operaciones migratorias.
La senadora republicana Katie Britt, de Alabama, una de las principales negociadoras, regresó de la reunión en la Casa Blanca con la esperanza de que tuvieran una solución para “aterrizar este avión”.
Ambas cámaras del Congreso están controladas por el partido del presidente republicano, y cualquier acuerdo alcanzado en el Senado también tendría que ser aprobado por la Cámara de Representantes.
Delta Air Lines confirmó el martes que estaba suspendiendo sus servicios especiales para miembros del Congreso en medio del cierre, lo que significa que quienes vuelen con la aerolínea serán tratados como otros pasajeros según su estatus en SkyMiles. The Atlanta Journal-Constitution informó primero sobre la suspensión. La línea de reservas Capital Desk de Delta sigue abierta.
Pulso político, largas filas en los aeropuertos La clave del enfrentamiento parece haber sido la capacidad de los senadores para desviar la atención del presidente de su plan de vincular cualquier financiación del departamento a una ley que obligaría a la gente a mostrar prueba de ciudadanía para votar y que se ha estancado en el Senado antes de las elecciones de mitad de mandato.
Durante el fin de semana, Trump introdujo su exigencia de que sea aprobada esa ley como condición para poner fin a la disputa por la financiación. Algunos senadores republicanos han planteado la idea de abordarlo en los próximos meses como parte de un paquete legislativo más amplio que el partido podría aprobar por su cuenta, similar al gran proyecto de recortes fiscales del año pasado.
La Casa Blanca subrayó el martes que las conversaciones seguían en curso. Pero también indicó que un acuerdo para separar la financiación del tema migratorio, mientras se aborda por separado el proyecto electoral de Trump, “parece ser aceptable”.
El senador Chris Coons, demócrata por Delaware, que no formó parte del grupo en la Casa Blanca, dijo que entendía que de las conversaciones surgía una “sensación de urgencia” a medida que empeoran las interrupciones en los aeropuertos.
Se espera que los senadores discutan las propuestas durante sus almuerzos privados de bancada el martes por la tarde.
“El primer paso es tener la propuesta por escrito”, declaró el senador Angus King, independiente por Maine. “Quiero ver exactamente qué significa eso”.
Cambios en Seguridad Nacional El acuerdo podría ofrecer una salida política al enfrentamiento por el Departamento de Seguridad Nacional, que se creó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 pero que ha pasado a simbolizar la agresiva agenda de deportaciones masivas de Trump, con el objetivo de expulsar a 1 millón de inmigrantes este año.
Bajo una creciente presión política, Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem en medio de la indignación pública por las operaciones migratorias, y los senadores confirmaron tarde el lunes a uno de los suyos, Markwayne Mullin, como el reemplazo elegido por el presidente.
Mullin, senador por Oklahoma alineado con la agenda de Trump, aporta un rostro potencialmente nuevo para el departamento. Durante su audiencia de confirmación, Mullin abordó otra exigencia clave de los demócratas: garantizar que un juez haya autorizado las órdenes que los agentes de inmigración usan para registrar los hogares de las personas, en lugar de basarse simplemente en órdenes administrativas emitidas por el departamento.
“Esto es significativo”, indicó el senador Peter Welch, demócrata por Vermont, sobre esos cambios. “Noem ya no está. Eso es importante”.
El presupuesto de ICE creció con la ley del año pasado en 75.000 millones de dólares, cifra que no se ha visto afectada por el cierre. En cambio, su financiación anual rutinaria, de unos 10.000 millones de dólares, se recortaría casi a la mitad bajo la propuesta.
Tras semanas sin cobrar, muchos agentes de la TSA han llamado para reportarse enfermos o incluso han renunciado a sus empleos. Los líderes sindicales que representan a los trabajadores han presionado al Congreso para que alcance un acuerdo.
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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Rio Yamat, Wyatte Grantham-Philips, Kevin Freking y Seung Min Kim.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
