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José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW, indicó que el gobierno de Nicolás Maduro evidencia que le interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo. Rechazó el bloqueo del trabajo de las ONG en medio de una emergencia humanitaria compleja, mientras los niños venezolanos pasan hambre y los pacientes con Covid-19 necesitan atención adecuada.
“Desde noviembre de 2020, las autoridades que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas”, subrayó Vivancos.
Del mismo modo, la organización denunció que las autoridades bancarias venezolanas están aplicando restricciones que limitan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Agregó que el régimen no ha otorgado los permisos necesarios para que personal internacional pueda ingresar en Venezuela a algunas de las principales organizaciones humanitarias.
Dentro de las acciones del chavismo, contra las ONGs, Human Rights Watch refirió que, el 24 de noviembre, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin) allanaron la ex sede de Alimenta la Solidaridad en Caracas sin mostrar ninguna orden.
Un día después requisaron la vivienda de los padres del fundador de la organización y preguntaron por su paradero.
Por otro lado, la organización condenó también que, el 15 de diciembre, agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES), cuerpo policial señalado por la ONU de cometer ejecuciones extrajudiciales, allanaron la sede de Convite, otra ONG que da seguimiento a la situación que viven los adultos mayores y que ha distribuido ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados del país.
“En 2019, una evaluación del Programa Mundial de Alimentos estimó que 2,3 millones de venezolanos se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones en situación de inseguridad alimentaria moderada”, subrayó HRW.
La organización concluyó que los derechos humanos obligan a las autoridades venezolanas a respetar, promover y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales. Lo cual suscribe el derecho a un estándar de vida adecuado, a la alimentación y al más alto nivel de salud posible.
FUENTE: Americateve.com
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