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SUSCRIBITEBOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia confirmó el miércoles la condena contra la última cúpula de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por miles de secuestros cometidos durante cinco décadas de conflicto armado interno y la sentencia contra exmilitares por ejecuciones extrajudiciales.
Rodrigo Londoño Echeverri, último comandante de la guerrilla y actual presidente del partido Comunes conformado por exrebeldes, fue declarado máximo responsable junto a otros seis exjefes de más de 21.000 secuestros cometidos por la guerrilla entre 1982 y 2016, en los que además de las privaciones de la libertad se cometieron asesinatos y desapariciones forzadas.
Los secuestros fueron utilizados por las FARC para financiarse y controlar a la población bajo el miedo, según el Tribunal. Sucedieron en “condiciones infames de cautiverio, tortura, violencia sexual, humillación extrema y explotación de las personas secuestradas”.
El tribunal confirmó dos sentencias previas de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada por el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las FARC y que no implican penas de cárcel. Los exrebeldes trabajarán en proyectos para reparar el daño causado a las víctimas que incluyen el desminado humanitario, la construcción de infraestructura, la búsqueda de desaparecidos y la protección del medioambiente.
En paralelo, fue confirmada la sentencia contra 12 exmilitares que confesaron haber participado en el engaño, desaparición y posterior asesinato de 135 personas entre 2002 y 2005 que fueron presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate.
Los militares conformaron una “organización criminal” que dejó entre sus víctimas a indígenas, campesinos y personas en condición de vulnerabilidad, agregó el tribunal.
La cifra de ejecuciones extrajudiciales asciende a 6.402 víctimas, según el tribunal, la mayoría ocurridas entre 2002 y 2008 durante el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien niega haberlos ordenado.
La condena ratificó a los exmilitares como los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, pero revocó la condena previa por persecución y tortura, al concluir que no siguieron el procedimiento adecuado.
El magistrado Rodolfo Arango aseguró que la decisión aporta "seguridad jurídica al confirmar la responsabilidad y las sanciones, corregir aspectos procesales y exigir que el Estado provea las condiciones reales para ejecutar las sanciones restaurativas”.
Los 12 exmilitares deberán trabajar en la construcción de un mausoleo con más de 700 osarios en un cementerio del norte del país, un proyecto propuesto por las víctimas que forma parte de la sanción impuesta por el tribunal.
FUENTE: AP
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