El tribunal determinó que se carecía de evidencia para vincular a Harold Green y William James Murdock con la desaparición y con las acusaciones de que Peña fue víctima de trata sexual. Los hombres fueron declarados culpables de un delito menor de asociación ilícita, junto con el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Gustavo Trejo.
En una publicación en la red social X antes del veredicto, Julissa Villanueva, exviceministra de Seguridad que ha exigido que se haga justicia, dijo que el caso es “un doloroso recordatorio de que la impunidad no puede seguir operando en nuestro territorio".
Peña, de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022, luego de dar un paseo en moto acuática mientras vacacionaba con su familia en Roatán, una isla frente a la costa de Honduras.
En un principio, las autoridades investigaron su desaparición como un posible accidente, pero el caso se amplió a una investigación por trata después de que la moto acuática que utilizó fuera hallada en Belice, a unas 90 millas náuticas (170 kilómetros) de distancia.
Johnston fue acusado de trata sexual con fines comerciales y pornografía infantil, y fue sentenciado a 32 años de cárcel en un caso separado del proceso relacionado con Peña, después de que su casa en Roatán fuera registrada y las autoridades encontraran allí a un menor.
Abogados que representan a la familia han cuestionado la falta de transparencia de la investigación y del juicio, que no estuvo abierto a la prensa ni al público en general. La familia de Peña indicó que ha recibido amenazas de muerte, y el asesinato en agosto de Dereck McNeil, un testigo protegido clave, expuso aún más los peligros de intentar que se haga justicia en Honduras.
La fiscalía hondureña alegó que Green, Murdock, Johnston y Trejo forman parte de una red de trata sexual que incluía a menores, y que el grupo también cometió otros delitos, incluido el narcotráfico. La policía y al menos un juez ayudaron a facilitar la red criminal, había señalado previamente la fiscalía, sin identificar a los funcionarios.
Los abogados defensores de los cuatro hombres negaron que sus clientes hayan participado y solicitaron sean absueltos. McNeil, el testigo protegido que fue asesinado, denunció además corrupción dentro de una unidad especial de la fiscalía conocida como la ATIC. En videos que se hicieron públicos tras su muerte, acusó a la unidad de filtrar información sobre el caso y de estar vinculada a redes de narcotráfico. El director de la ATIC ha negado cualquier corrupción, y señaló que la unidad no ha participado en la investigación de la desaparición de Peña.
Villanueva, la exviceministra, dijo anteriormente a The Associated Press que cree que la desaparición de Peña oculta la estructura criminal más amplia que la rodea, la cual comparó con la red de trata sexual del financiero Jeffrey Epstein.
Un análisis de medios hondureños encontró que el país fue mencionado más de 100 veces en los archivos de Epstein, incluidas múltiples referencias a Roatán.
“No descansaremos hasta que se esclarezca el paradero de Angie y se condene con todo el peso de la ley a los responsables de comercializar con la dignidad humana”, publicó Villanueva en X el viernes.
Los hombres permanecerán en detención preventiva hasta que se dicte su sentencia por asociación ilícita el 9 de diciembre.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP