Se trata de los postulantes Roberto Molina Barreto, actual magistrado constitucional que ha favorecido con sus fallos a narcotraficantes y pandilleros y fue candidato a vicepresidente de la hija del fallecido dictador José Efraín Ríos Montt, y la actual fiscal general Consuelo Porras, sancionada por el Departamento de Estado y la Unión Europea por socavar la democracia en el país.
“Nos hemos enterado que se está intentando aparentar que la embajada de Estados Unidos en Guatemala está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros. Esta situación es altamente irregular y preocupante, acciones como estas pueden afectar el excelente estado de las relaciones de nuestro gobierno y el de Estados Unidos”, dijo Arévalo en una declaración a la prensa en el Palacio de Justicia.
Arévalo también hizo un llamado a la Corte Suprema y a los diputados al Congreso para que “voten de forma responsable y digna... para ponerle fin a la corrupción y al crimen organizado en el sistema de justicia”.
The Associated Press pidió comentarios a la embajada estadounidense en el país, pero no obtuvo respuesta.
El Congreso tiene previsto elegir el martes a sus magistrados designados y varios diputados de derecha, que han sido sancionados por Estados Unidos por vínculos con la corrupción, han buscado y anunciado su apoyo a los candidatos denunciados por Arévalo.
Este año se renuevan los 10 magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), el titular de la Fiscalía General, cinco jueces titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de la Contraloría General de Cuentas y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Pero los cambios que más han despertado interés y preocupación de los organismos internacionales son los que se producirán en la CC y la Fiscalía General. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han enviado grupos de observación y pedido transparencia en los comicios y candidatos idóneos.
La CC es el tribunal de última instancia, sus decisiones son inapelables y no tiene un mecanismo de control. Según la Constitución, los candidatos a integrar la CC deben ser representantes del presidente, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso, de la USAC y ser electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Casi el total de los magistrados actuales aspira a reelegirse.
El martes la Corte Suprema de Justicia también elige a sus representantes.
FUENTE: AP