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SUSCRIBITENevada firmó discretamente un acuerdo previamente este año con una empresa que recopila datos de ubicación de teléfonos móviles, lo que le permite a la policía rastrear un dispositivo prácticamente en tiempo real, y todo sin una orden judicial.
El software de Fog Data Science, adoptado en Nevada en enero mediante un contrato con el Departamento de Seguridad Pública, extrae información de apps en los teléfonos inteligentes para que los investigadores estatales identifiquen la ubicación de los dispositivos móviles.
El estado tiene permitido realizar más de 250 consultas al mes mediante esta herramienta, lo que posibilita a los agentes rastrear la ubicación de un dispositivo durante largos periodos de tiempo y observar lo que Fog llama “patrones de vida”, según documentos de la empresa de 2022. Esto puede ayudarles a deducir dónde y cuándo trabajan y viven las personas, con quién se relacionan y qué lugares visitan, según expertos en privacidad.
Aunque Fog Data dice que los datos se anonimizan y están “vinculados a los dispositivos ... no a las personas”, la empresa apunta que la herramienta puede ayudar a acceder a información que “de otro modo permanecería oculta”. La compañía cuenta con una herramienta en su sitio web que permite a los usuarios optar por no participar en sus bases de datos.
Expertos en privacidad han expresado su preocupación por las violaciones al debido proceso y la Cuarta Enmienda constitucional, que protege contra registros e incautaciones irrazonables. Normalmente, la policía debe obtener una orden judicial para acceder a la información de ubicación de los celulares, un proceso que puede tardar días o semanas.
Si bien tal vez los usuarios de teléfonos móviles son conscientes de que comparten su ubicación a través de aplicaciones como Google Maps, los críticos exponen que pocos saben que dicha información puede llegar a manos de la policía.
Debido al bajo costo del contrato (aproximadamente 12.000 dólares por año), parece haber pasado desapercibido para el debate público: sólo requirió la aprobación de un secretario estatal, con lo que eludió el proceso de autorización habitual para contratos de cantidades importantes que requieren la aprobación del gobernador, el secretario de Estado y el fiscal general estatal. Además, está financiado en su totalidad por una subvención federal otorgada recientemente.
“Es alarmante”, expresó en una entrevista Jacob Valentine, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada. “Creo que cada vez hay más y más intentos de rastrear dónde estamos en todo momento y eludir el proceso de (la obtención de) las órdenes judiciales”.
Esto coincide con el creciente debate sobre la falta de controles en torno a la tecnología de vigilancia en Nevada, especialmente ante el aumento de las tensiones políticas. En marzo, el fiscal general de Nevada, el demócrata Aaron Ford, sumó su firma a una carta en la que se le solicitaba al Congreso que regulara el uso de la información de los intermediarios de datos, mientras que varios legisladores estatales han expresado su preocupación por la falta de regulación de los lectores automáticos de matrículas —otra herramienta de vigilancia masiva— presentes en todas las ciudades importantes del estado.
No obstante, el software ha sido promocionado como una herramienta para reforzar la seguridad pública, especialmente de fuerzas policiales que tienen recursos limitados. El Departamento de Seguridad Pública de Nevada, una agencia que incluye a la Policía Estatal de Nevada, ha sufrido escasez crónica de personal durante años. Su unidad de investigación —a la que se le adjudicó el contrato— trabaja en la lucha contra el terrorismo y se coordina con las fuerzas del orden locales, estatales, federales y de pueblos originarios, así como con actores del sector privado, para analizar información criminal.
Departamentos de policía de otros estados han manifestado que la tecnología (y su bajo costo) ha contribuido a ampliar la capacidad de investigación, y la han utilizado en investigaciones de homicidio e incluso para rastrear los movimientos de un posible participante en la insurrección del 6 de enero de 2021.
En respuesta a preguntas del medio digital The Nevada Independent, funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Nevada dijeron que utilizarán la herramienta para mejorar la recopilación de información y el análisis de amenazas, así como para colaborar en investigaciones criminales y de terrorismo. Añadieron en un comunicado que, para mantener la seguridad operativa, el departamento “no puede proporcionar información táctica específica”.
No respondieron preguntas respecto a las preocupaciones por la privacidad ni sobre las apps de las que Fog obtiene los datos. Al preguntársele sobre las medidas de rendición de cuentas por el uso del software, un portavoz de la agencia respondió que “el uso del producto se ajusta a los procedimientos y controles internos de la agencia en materia de acceso informático, confidencialidad de la información y gestión de casos”.
Una de las formas en que Fog obtiene sus datos es al recopilarlos de aplicaciones que revenden la ubicación del usuario a anunciantes o intermediarios de datos externos. Específicamente, rastrea los dispositivos mediante algo conocido como ID de publicidad o identificador publicitario, un número único asignado a cada dispositivo para segmentar el contenido publicitario. Ese número no contiene el nombre del usuario del teléfono, pero permite rastrear domicilios o lugares de trabajo.
Una simple consulta en Fog posibilita a las autoridades acceder a una enorme cantidad de datos. Hay dos tipos de búsquedas en la base de datos. La primera permite a un agente buscar un dispositivo específico, mientras que la segunda muestra todas las señales de localización de teléfonos móviles en un área determinada, según una investigación de 2022 de la Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro centrada en los derechos digitales y la privacidad.
El contrato del Departamento de Seguridad Pública de Nevada le permite a la agencia realizar más de 250 consultas al mes, algo que intranquiliza a Beryl Lipton, investigadora de la Electronic Frontier Foundation.
“Puedes abarcar mucho terreno con 250 consultas”, dilucidó Lipton. “Una de las principales preocupaciones es que las fuerzas policiales puedan recopilar o acceder a información sobre personas que no tienen ninguna relación con las investigaciones que ellos llevan a cabo”.
Lipton agregó que no es “inusual” que el gobierno federal financie este tipo de programas informáticos. Los gobiernos locales han recibido incentivos para suscribirse a Fog debido a su bajo costo, y Lipton refirió que estos acuerdos pueden gestionarse a través de una entidad como el Departamento de Seguridad Nacional —que también se encarga de la gestión federal de emergencias—, ya que puede utilizarse como herramienta para localizar a personas desaparecidas en un desastre natural o una catástrofe similar.
“Para ser honesta, no sé muy bien cómo funciona eso”, continuó. “No sé con exactitud cuán eficaz es en una emergencia”.
John Piro, defensor público de la Oficina del Defensor Público del condado de Clark, calificó el uso de esta tecnología de “inconstitucional”. No sólo expresó su intranquilidad por cómo podría utilizarse en casos penales, sino también contra la ciudadanía en general.
“El hecho de que elijas usar una aplicación como Waze para navegar no significa que consientas que el gobierno pueda ver todos tus movimientos”, declaró en una entrevista.
Piro hizo referencia al histórico caso de Carpenter contra Estados Unidos, de la Corte Suprema en 2018, donde la corte determinó que recopilar datos detallados de ubicación de un celular constituye un registro según la Cuarta Enmienda y, por lo tanto, requeriría una orden judicial. Añadió que, incluso si Nevada no tiene leyes que regulen esta tecnología, no debería utilizarse de acuerdo con esa decisión. Subrayó que la tecnología convierte a “cualquiera en un sospechoso”.
“Imagine que conduce su auto y que se ha cometido un asesinato en una carretera ... pero ahora su celular emite un señal en esa zona”, planteó.
En 2020, algo así sucedió. La información de más de 1.600 personas fue dada a conocer después de que la policía de California obtuvo la ubicación del celular de un residente de Nevada acusado de asesinato por encargo. Ante ello, una jueza federal de Nevada dictaminó que obtener grandes cantidades de datos personales privados de las torres de telefonía celular es inconstitucional. No obstante, al final determinó que los agentes que obtuvieron los datos actuaron de buena fe.
Se sabe que otras agencias en Nevada han utilizado tecnología similar a Fog. En 2013, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas adquirió algo conocido como simulador de estación base que imita las torres de telefonía móvil y puede captar señales de áreas enteras para rastrear a individuos. Algunos modelos incluso son capaces de interceptar mensajes de texto y llamadas. Desde entonces, la policía no ha divulgado información detallada sobre la tecnología.
Lipton también dijo que le preocupa que se utilice esta tecnología para rastrear a manifestantes o a personas que ejerzan sus derechos amparados por la Primera Enmienda. Agregó que sería muy fácil para los agentes registrar el área donde se haya producido una protesta y rastrear los datos de telefonía celular hasta ubicaciones como domicilios particulares.
“Si no se utilizan mecanismos de auditoría claros, entonces existen muchas oportunidades para abusar de ella”, señaló Lipton.
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Este artículo fue publicado originalmente por The Nevada Independent y distribuido en colaboración con The Associated Press.
FUENTE: AP
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