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SUSCRIBITEQUITO (AP) — El Estado y organizaciones criminales se han convertido en las principales amenazas para periodistas y medios de comunicación en Ecuador, donde el año pasado se registraron 231 agresiones y seis periodistas asesinados, informó el jueves Fundamedios, una ONG regional que vigila la protección y promoción de la libertad de expresión.
“Vimos con claridad el retorno del Estado como un actor central en la agresión a medios y periodistas", señaló la organización en un informe anual entregado a The Associated Press. Los ataques se registran en el marco de "una arquitectura de la violencia" generalizada que vive el país, agregó.
Las amenazas también llegaron desde “ el crimen organizado, la economía de la extorsión y en territorios donde investigar equivale a firmar una amenaza" de muerte, destacó Fundamedios, que recordó que el 2022 fue un año igual de violento para la prensa con 356 amenazas y cuatro asesinatos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su informe de fines de junio, señaló que en Ecuador “la utilización de mecanismos estatales para presionar, intimidar o castigar a periodistas por su labor investigativa” vulnera la libertad de expresión.
Del total de las amenazas y ataques 114 provinieron desde el Estado, 17 llegaron desde organizaciones criminales, 32 de desconocidos y 68 de actores no estatales, detalló.
Un total de 155 periodistas han sido agredidos, ocho trabajadores de la comunicación como camarógrafos y asistentes y seis medios. Hay funcionarios que “insultan o deslegitiman”, instituciones que niegan información, policías que bloquean coberturas, autoridades que entienden como una amenaza la transparencia en su gestión, dice el informe.
La mayor parte de las agresiones ocurrieron en la provincia Pichincha, cuya capital es Quito — centro del poder político del país — con 54 casos, seguida de la provincia de Guayas, la más violenta del país, con 35, y de Azuay y El Oro, con 14 cada una.
La AP pidió una reacción del gobierno sobre el informe, pero no recibió una respuesta de inmediato.
El periodista Fernando Muñoz, de radio Salinas, recuerda en diálogo con la AP que el 18 de enero fue amenazado de muerte y que desde entonces modificó su línea editorial, para que no sea tan fuerte en contra de presuntos actos de corrupción de autoridades locales.
Con la voz quebrada al contar lo que vivió, Salinas aseguró que llegaron a su casa dos motorizados que “le dijeron a mi hermana que no siga con mis entrevistas porque voy a amanecer con la boca llena de hormigas” y poco después recibí el mismo mensaje en el celular.
“La impunidad, que históricamente ha rodeado los asesinatos de periodistas en Ecuador, sigue siendo un factor determinante”, advirtió Fundamedios, y destacó que ello deja “un mensaje de tolerancia frente a las más graves violaciones” de la libertad de expresión.
De los seis periodistas asesinados, casi todos a balazos, tres laboraban en la provincia de Guayas, uno en Manabí, otro en Los Ríos y uno más en Santa Elena, con presencia de grupos criminales.
El primer asesinato del año pasado ocurrió el 4 de marzo cuando el periodista Patricio Aguilar recibió una llamada para cubrir un secuestro, pero cuando llegó al sitio fue emboscado y asesinato. El 8 de agosto desconocidos mataron a Sebastián Rivadeneira, estudiante de último semestre de comunicación en Manabí.
Casi dos semanas después acabaron con Xavier Ramos, reconocido periodista del diario El Universo; el 28 de octubre fue acribillado el comunicador Fernando Álvarez en una cancha de fútbol. Robinson del Pezo, comunicador comunitario y administrador de la página La Voz del Pueblo, y Darwin Baque, excamarógrafo y administrador de la página informativa Guayaquil al Rojo Vivo, corrieron la misma suerte en noviembre.
Fundamedios recordó que es "responsabilidad del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes".
El presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Cristóbal Peñafiel, en declaraciones a la AP explicó que el periodismo está en la mira del Estado y del crimen organizado, porque ha sido el único "que se ha encargado, en los últimos años, de revelar los problemas causados por el crimen organizado y exponer la corrupción del Estado".
“El periodismo es una actividad de alto riesgo", lo que nos ha obligado a retirar la identificación de los medios en los vehículos, esconder nuestras tarjetas de identificación y “hacer un trabajo discreto para no exponerse”, señaló.
Mientras que el docente y analista Juan Francisco Camino, de la Universidad de las Américas, dijo que el Estado busca “evitar voces disidentes y trata de acallar voces disidentes, mientras el poder judicial tampoco es prolijo en investigar”.
FUENTE: AP
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