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SUSCRIBITEBOGOTÁ (AP) — Naciones Unidas instó el jueves a tomar medidas urgentes para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia, luego de verificar 972 homicidios entre el 2016 y el 2025 y documentar múltiples amenazas y ataques en su contra.
“Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos”, aseguró en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien reconoció que el actual gobierno ha implementado medidas importantes para protegerlos, pero “aún queda mucho por hacer”.
El informe publicado por la Oficina de ONU Derechos Humanos indica que identificaron un “aumento progresivo” en el número de asesinatos de defensores desde 2016, cuando el Estado colombiano firmó un histórico acuerdo de paz con la entonces guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Tras la desmovilización de las FARC, persistieron otros grupos armados ilegales —incluyendo disidencias de esa guerrilla— que se disputaron territorios estratégicos, mientras que el “Estado no logró sostener una presencia integral” para proteger a las comunidades.
La violencia contra personas defensoras no es un fenómeno coyuntural en el país, sino que corresponde a factores estructurales, indicó la ONU, como la presencia de conflictos armados; el involucramiento de los armados en economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas; la débil presencia estatal y los altos niveles de impunidad y estigmatización.
Mientras en 2016 se registraron 61 asesinatos de defensores, entre 2019 y 2021 el número de homicidios se “estabilizó” en alrededor de 100 por año. El peor reporte fue del 2022 con 117 casos.
El informe detalló que, en el periodo de 2022 a 2025, la mayoría de los presuntos perpetradores de los homicidios contra defensores correspondería a actores armados no estatales, seguido en menor medida por organizaciones criminales, particulares y grupos de poder económico y político.
Los defensores también han sido víctimas de constantes amenazas y ataques. Desde 2022 la ONU Derechos Humanos registró más de 2.000 casos, especialmente de amenazas. El informe advierte que esto es sólo una “fracción de la magnitud real” de la situación, debido a que el Estado no tiene un sistema unificado sobre agresiones a los defensores.
“Aunque estas formas de violencia son menos visibles que los homicidios, resultan efectivas para el silenciamiento y desestructuración de los procesos organizativos en defensa de los derechos humanos”, explica la ONU.
La violencia ha sido dirigida especialmente contra las personas defensoras que pertenecen a juntas de acción comunal —organizaciones comunitarias dirigidas por civiles—, líderes campesinos, defensoras del medio ambiente, de la comunidad LGBTIQ+ y liderazgos políticos.
“Se dirige principalmente contra personas defensoras de base con alta incidencia en la organización social y con representación comunitaria, fundamentales para la cohesión social, la gobernanza y la transformación del territorio”, explicó la ONU.
La ONU hizo hincapié en que la violencia contra los pueblos indígenas y sus líderes tiene “un impacto diferenciado” y desproporcionado. Busca quebrar sus procesos organizativos, no sólo con asesinatos, sino a través de la “coerción e imposición de normas de conducta, la apropiación de territorios y la imposición de economías ilícitas”.
El informe recomienda al Estado consolidar políticas públicas eficaces, luego de notar que las respuestas hasta ahora para proteger a los defensores son fragmentadas y desarticuladas. Así como luchar contra la impunidad con investigaciones que logren dar con los principales perpetradores.
Advierte que, de no proteger a los defensores y abordar las causas estructurales, la violencia contra los defensores continuará con un “impacto devastador” en la capacidad de resistencia y de defensa de los derechos humanos en el país.
FUENTE: AP
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