“Hay una enorme preocupación. Aquí hay empresarios que llevan 20, 30 años en la isla, que han apostado por invertir sus recursos financieros en Cuba, por impulsar el comercio, el turismo, los intercambios y me comentan muchos de ellos que no han vivido una situación parecida”, dijo el representante de la Unión Europea, Alberto Navarro a The Associated Press en una entrevista exclusiva.
A partir del 2 de mayo y luego de que la administración del presidente Donald Trump activara el capítulo III de la llamada Ley Helms-Burton, gigantes del turismo como Iberostar o Meliá o comercializadores de ron como Pernod Ricard podrían estar expuestos a que ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos inicien acciones legales en Estados Unidos si consideran que éstas compañías usan propiedades nacionalizadas suyas tras la revolución cubana de 1959.
La Ley Helms-Burton incrementa las presiones y sanciones contra Cuba impidiéndole, por ejemplo, vender sus productos en Estados Unidos, castigando a los navíos y aviones de bandera isleña, restringiendo el financiamiento y ahora, permitiendo las demandas.
Los empresarios “ven que hay obstáculos para intercambios legítimos de carácter financiero, comercial. De ahí que la Unión Europea vaya a utilizar todas las medidas a su alcance para proteger los intereses de nuestros empresarios”, agregó Navarro.
Por su fuerte presencia en la isla, compañías europeas y canadienses están en la mira de las potenciales demandas.
La nueva medida de Trump se sumó a otras restricciones anunciadas en los últimos meses para los viajes de estadounidenses a la isla, sanciones a las empresas navieras que traigan petróleo a Cuba y una retórica anticomunista radical. El objetivo es presionar por un cambio en el sistema político cubano.
“Un país puede adoptar la legislación que quiera y aplicarla adentro de su país. Podemos criticarla, si nos gusta o no nos gusta”, indicó Navarro. “Lo que no puede haber es que un país quiera imponer su legislación a los demás y eso es lo que hace este título III de la Helms-Burton, algo completamente contrario al derecho internacional y por tanto ilegal”.
Navarro aseguró que la Unión Europea dará pelea para defender a sus empresarios y las autoridades del bloque no descartaron usar todos los medios a su disposición, como acudir a la Organización Mundial de Comercio.
“Tenemos lo que llamamos leyes antídotos”, que datan de 1996 por las que las empresas europeas “tienen obligación jurídica de no colaborar con la justicia norteamericana” o atender requerimientos de un juez de ese país, dijo Navarro. Estas normas de protección son de cumplimiento obligatorio para todas las compañías de los 28 Estados miembros del bloque.
La UE representa un tercio del comercio exterior de Cuba. El bloque exporta a Cuba unos 2.200 millones de euros -de los cuales la mitad corresponde a España- e importa productos cubanos por 400 millones. La UE también es el mayor inversor en la isla.
Estados Unidos aseguró que esas empresas comercian con bienes que fueron ilegítimamente confiscados, un argumento que las autoridades de la isla descartaron indicando que las nacionalizaciones se hicieron ajustadas al derecho y que incluso se compensó a ciudadanos de países extranjeros. Por otro lado, Cuba reclama daños debido a las más de cinco décadas de embargo por parte de Washington.
Naciones como México, que tienen normas “antídotos” similares, y Canadá -con fuertes inversiones en la energía y el níquel en Cuba- hicieron saber su rechazo a la Helms-Burton.
Aunque en público los empresarios socios de Cuba desestiman los efectos de la ley o prefieren guardar silencio, Navarro reconoció que se sienten acosados.
Las medidas de Estados Unidos contra Cuba llegan en un momento duro para la economía de la nación caribeña que sufre también la crisis política de su principal aliado y proveedor de crudo, Venezuela, así como la caída de los contratos para los servicios que sus profesionales brindan en países como Brasil y un escaso crecimiento de su Producto Interno Bruto.
Hay desabastecimiento de productos básicos y algunos medicamentos y las autoridades están ajustando las importaciones y recortando las asignaciones de combustible para evitar apagones.
A su vez, las sanciones de Estados Unidos podrían contribuir a disuadir a los potenciales inversores extranjeros que tanto necesita Cuba.
Según Navarro, la política de sanciones como la implementada por Trump -que dio un giro radical a su predecesor Barack Obama que relanzó las relaciones diplomáticas binacionales en 2014- ha demostrado a lo largo de 60 años que sólo sirve para dañar al pueblo cubano sin lograr concesiones del gobierno revolucionario.
“Creemos sinceramente que es mucho mejor para fomentar el cambio la prosperidad en Cuba, apostar por el comercio, las visitas, como hizo el presidente Obama”, expresó Navarro. “Esa es la política que sigue aquí la Unión Europea”.
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Andrea Rodríguez está en: www.twitter.com/ARodriguezAP
FUENTE: Associated Press