En una conferencia de prensa en la que presentó su informe de 23 páginas dirigido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la investigadora, la profesora irlandesa de derecho Fionnuala Ní Aoláin, dijo que los atentados de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania en los que murieron casi 3.000 personas fueron “crímenes contra la humanidad”. Sin embargo, denunció que el uso por parte de Estados Unidos de torturas y confinamientos clandestinos en el extranjero de los presuntos responsables y sus cómplices en los años posteriores a los ataques violaban el derecho internacional sobre derechos humanos.
Ní Aoláin dijo que su visita constituía la primera vez que un gobierno estadounidense le permitía a un investigador de la ONU acudir a la instalación, que comenzó a operar en 2002.
La investigadora elogió al gobierno del presidente Joe Biden por predicar con el ejemplo al permitir el acceso a Guantánamo y “estar dispuesto a abordar los temas más difíciles sobre derechos humanos”, y solicitó a los demás países que han negado a la ONU acceder a centros de detención que hagan lo mismo que Washington. Y ella ha dicho que le autorizaron todo lo que solicitó, incluidas reuniones con detenidos de “alto valor” y de "no alto valor” en las instalaciones en Cuba.
Con respecto a los hallazgos del informe, el gobierno estadounidense señaló en un escrito enviado al Consejo de Derechos Humanos que las conclusiones de la investigadora especial “son únicamente de ella” y que “Estados Unidos está en desacuerdo en aspectos significativos con muchas afirmaciones fácticas y jurídicas” contenidas en su informe.
Ní Aoláin dijo que se han efectuado “mejoras significativas” en la reclusión de los detenidos, pero manifestó tener preocupaciones graves sobre la detención continua de 30 hombres, de los que dijo enfrentan fuerte inseguridad, sufrimiento y ansiedad. La investigadora citó ejemplos de ello, los cuales incluyen una vigilancia casi constante, retiro forzoso de los reos de sus celdas y aplicación injusta de restricciones.
“Observé que, tras casi dos décadas de custodia, el sufrimiento de esos detenidos es profundo y continúa”, dijo la relatora especial de la ONU sobre el fomento y la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales durante la lucha contra el terrorismo. “Cada uno de los detenidos con los que me reuní vive con los daños implacables que ocurren luego de prácticas sistemáticas de confinamiento clandestino en otros países, tortura y detención árbitraria”.
