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Zenón Gallegos, presidente del sindicato de pescadores artesanales de Chancay, dijo a The Associated Press que buscaban que la embajada “presione” a la energética con sede en Madrid para que modifique los términos del acta redactada por Repsol que consideran “abusiva”.
El acta que mostró Gallegos impresa en un papel decía que Repsol y los pescadores “acuerdan de manera voluntaria y extrajudicialmente una transacción”. El dirigente indicó que buscaban que se elimine la frase “transacción extrajudicial” porque es perjudicial para los intereses de los pescadores.
“En el documento que nos dan hay una palabra que no entendemos bien, que es de doble filo, dice ‘transacción’ y algo más, queremos que ellos lo aclaren, cosa que no lo hacen”, añadió el pescador Mario Poma, quien tenía un cartel que decía “Repsol por qué abusas con mi necesidad”.
Sandra Rossi, abogada de los pescadores y experta en derecho ambiental, dijo que si se emplea el término jurídico “transacción extrajudicial” se podría entender que los pescadores no podrían llevar más adelante cualquier controversia ante la justicia. Añadió que lo que buscan es que se firme un "acuerdo entre las partes que permita que luego se pueda discutir la indemnización".
Los pescadores afectados extraen peces, mariscos y moluscos cerca del litoral y pertenecen al estrato más vulnerable dentro del sector pesquero, según expertos. Tienen dos meses sin trabajar y se han convertido casi en mendigos.
El primer ministro Aníbal Torres dijo hace dos semanas que Repsol se comprometió a pagar 805 dólares “a cuenta de la indemnización que le corresponde a los pobladores del litoral afectados con el derrame”. Aclaró que ese adelanto no era una transacción extrajudicial. “No hay transacción, la empresa se obliga a pagar a cuenta de la indemnización que le correspondería a los pobladores”.
La AP solicitó comentarios al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y a Repsol, sin obtenerlos al momento.
“Exigimos que se cambie ese término jurídico. Si hay la buena voluntad lo pueden hacer hoy día”, dijo Gallegos. Una fila de policía antimotines resguardó la embajada, la protesta fue pacífica y los pescadores llegaron junto a sus familiares, varias mujeres cargaban a sus hijos pequeños.
"Repsol hace caso omiso a nuestra desgracia, queremos que la embajada nos ayude para que Repsol rectifique todo lo que está haciendo contra nosotros, estamos amarrados de pies y manos con el mar contaminado", dijo Olga Noe, una cortadora de pescado, de 48 años.
Los pescadores también se mostraron decepcionados con el gobierno del presidente Pedro Castillo cuya gestión anunció poco después del derrame del 15 de enero que les otorgaría un bono de ayuda económica, pero casi 50 días después descartó tal posibilidad.
El gobierno calcula en más de 5.000 los afectados por el derrame de al menos ocho minutos que ocurrió durante la descarga de 11.900 barriles de petróleo del barco de bandera italiana Mare Doricum hacia una refinería de Repsol. Perú afirma que el vertimiento de crudo sobre uno de los mares más biodiversos del mundo es el “peor desastre ecológico” en su historia.
La energética española afirma que el barco es el culpable del derrame, mientras que los dueños de la nave responden indicando que no se proporcione información “incorrecta o engañosa” porque las investigaciones continúan.
FUENTE: Associated Press
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