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SUSCRIBITEUn equipo de fiscales y funcionarios de la Defensoría del Pueblo se trasladaron a esa región de la etnia Ngobé-Buglé —la más numerosa de los pueblos originarios de Panamá—, días después que se revelaran las denuncias a través de una comisión legislativa que visitó esa zona en octubre. Se trata de las primeras denuncias de ese tipo que se ventilan públicamente.
La diputada suplente Walkiria Chandler, de la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, dijo a The Associated Press que recibieron las querellas a través de una vocera de unas 12 mujeres a las que se les habría practicado las esterilizaciones sin consentimiento en un hospital público.
Dijo que —según las denuncias— se trata de mujeres que sólo hablan su lengua originaria y que tienen al menos dos hijos. “Si es una política (de las autoridades) las mujeres deben ser informadas y dar el consentimiento)”, señaló la legisladora, quien sacó a la luz las denuncias.
El Ministerio de Salud aseguró que no tenía reportes de que esa práctica se esté dando en esa zona indígena. Refirió que existe una norma legal sobre la salpingectomía (extirpación de las trompas), que establece que toda mujer que se somete a esa cirugía debe avalarlo por escrito.
“Esta intervención no se realiza sin la firma de este documento, por lo que no se realizan de la manera en que se ha estado describiendo”, afirmó en Twitter.
La comisión viajó originalmente a esa región indígena de la provincia de Bocas del Toro para averiguar quejas de lugareños sobre falta de atención médica en medio de un brote de una enfermedad parasitaria llamada leishmaniasis.
FUENTE: Associated Press
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