La resolución, aprobada por 20 países de los 47 que forman el Consejo, establece el grupo de tres expertos por un periodo de un año para “emprender investigaciones exhaustivas e independientes” de presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua, “en particular las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones, y sus causas estructurales profundas.”



