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SUSCRIBITEAsí lo anunció el viernes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, al señalar a los periodistas que el gobierno debe preservar el equilibrio de las cuentas y la aerolínea arrastra un “déficit crónico” por las “desastrosas gestiones de los gobiernos populistas”, en referencia a distintas administraciones del kirchnerismo, la corriente de centroizquierda del peronismo.
El vocero hizo el anuncio en momentos en que el enfrentamiento del ejecutivo con los principales gremios aeronáuticos es total. Los sindicalistas que representan a los pilotos y los tripulantes de cabina sostienen que la inflación ha provocado una pérdida de su poder adquisitivo de alrededor del 75%. Han reclamado aumentos del 25%, pero el gobierno les ha ofrecido un 11% en el marco de sus políticas de ajuste.
La inflación acumulada en los primeros ocho meses del año fue del 94,8%. En tanto, el alza del costo de vida interanual es de alrededor del 236%.
Ante la falta de respuestas, los gremios de Aerolíneas han llevado a cabo en los últimas semanas huelgas y asambleas que han provocado la cancelación de centenares de vuelos y pérdidas millonarias. Los sindicalistas sostienen además que el gobierno busca desfinanciar la empresa con su privatización.
Adorni señaló que la declaración para que la compañía pase a manos privadas está habilitada “por la ley 23.696, llamada de reforma del Estado” que data del gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
Esa norma, explicaron luego otros funcionarios, establece que la declaración de privatización hecha por el Poder Ejecutivo debe ser aprobada por una ley del Congreso y que el trámite parlamentario sea ágil y de “preferencia”.
En estos momentos, existen dos proyectos de ley de fuerzas opositoras que son aliadas circunstanciales de Milei en el Congreso, proponiendo que la compañía pase a manos privadas. El partido oficialista La Libertad Avanza está en desventaja numérica en ambas cámaras legislativas y necesita votos amigos.
Aerolíneas, privatizada en 1989 y cuya gestión en manos de capitales españoles fue muy cuestionada en el país sudamericano, volvió a ser del Estado en 2008, bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Desde ese entonces, criticó Adorni, “los aportes (estatales para su mantenimiento) superaron los 8.000 millones de dólares. ¿Por qué los argentinos deben cubrir esta atrocidad?”.
El gobierno sufrió esta semana un revés en su conflicto con los sindicalistas a raíz de la decisión de un fiscal de desestimar la denuncia del oficialismo contra Pablo Biró, líder del sindicato de los pilotos por supuestas extorsiones. Biró había advertido que la situación por las discrepancias con Aerolíneas Argentinas iba a ponerse “mucho peor”.
FUENTE: Associated Press
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