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La ley, aprobada por el Parlamento en febrero, fue objeto de duras críticas dentro y fuera del país. Miles de eslovacos salieron a la calle en protestas que se extendieron desde la capital, Bratislava, a más de 30 ciudades y localidades, e incluso al extranjero.
En su decisión, el Tribunal Constitucional afirmó que los cambios —incluida la supresión de la fiscalía especial encargada de delitos graves como el soborno, la delincuencia organizada y el extremismo— no violan la Constitución. Esos casos serán asumidos por los fiscales de las fiscalías regionales, que no se han ocupado de tales casos en los últimos 20 años.
Los cambios también incluyen la reducción de las penas por corrupción y algunos otros delitos, y la posibilidad de suspender la ejecución de las sentencias, así como una importante reducción del plazo de prescripción.
El Parlamento Europeo había cuestionado la capacidad de Eslovaquia para luchar contra la corrupción si se adoptaban los cambios. Funcionarios europeos señalaron que los planes de Eslovaquia amenazan la protección de los intereses financieros de la UE y su marco anticorrupción.
Aun así, la coalición gobernante de Fico aceleró los cambios en el Parlamento, eludiendo las revisiones de expertos y otras personas que suelen participar en el proceso, y limitó el tiempo de debate parlamentario. Varias personas vinculadas al partido de Fico, incluidos legisladores, enfrentan a procesos judiciales por escándalos de corrupción.
La expresidenta Zuzana Čaputová y los partidos de la oposición recurrieron la enmienda ante el Tribunal Constitucional, alegando que podría poner en peligro el Estado de derecho.
Los críticos temen que Eslovaquia abandone su rumbo pro occidental y siga la dirección de la Hungría del primer ministro Viktor Orbán.
FUENTE: Associated Press
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