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El juez Romualdo Aguedo —de la corte de Puente Piedra-Ventanilla, cerca del derrame de 6.000 barriles de petróleo ocurrido el 15 de enero en el Pacífico frente a la refinería de Repsol— dijo en su decisión que la conducta de los investigados "por la facilidad y continuidad para salir del país, como se ha evidenciado en los últimos cinco años, (plantea)... un potencial peligro de fuga en este caso”.
Los abogados de los imputados no apelaron la decisión judicial, pero en la víspera precisaron que la solicitud de la fiscalía no es necesaria, ni proporcional. En Perú el delito de contaminación ambiental se castiga con entre 4 y 6 años de cárcel.
La audiencia fue virtual por las restricciones que en Perú rigen a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus luego que el país declaró el inicio de una tercera ola de contagios a inicios de enero.
El juzgado limeño que analiza la decisión es la corte de Puente Piedra-Ventanilla, cerca del derrame de 6.000 barriles de petróleo ocurrido el 15 de enero en el Pacífico frente a la refinería de Repsol.
Los trabajos de más de 2.000 peruanos —contratados por Repsol y sus subsidiarias— continuaban para limpiar la costa y el mar peruano, uno de los más biodiversos del mundo. Al momento las autoridades afirman que 713 hectáreas de mar y 180 hectáreas de tierra han sido contaminadas.
Perú declaró en emergencia ambiental al país tras recomendar no asistir a 21 playas en el Pacífico por estar contaminadas tras el derrame, un suceso que el gobierno califica del peor desastre ambiental en su capital en los últimos tiempos.
FUENTE: Associated Press
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