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En el banquillo de los acusados está Fernando Sabag Montiel, quien el 1 de septiembre de 2022 gatilló una pistola en la cabeza de la entonces vicepresidenta (2019-2023) en plena vía pública; su entonces pareja Brenda Uliarte, considerada coautora del intento de agresión, y Nicolás Carrizo, allegado de ambos y quien está imputado como partícipe secundario.
Sabag Montiel, de 37 años, afirmó durante su declaración ante un tribunal integrado por tres jueces que es “apolítico” y que el motivo por el cual intentó atentar contra Fernández "no fue por estar en un sector contrario" a la corriente política que ella representa ni para beneficiar a algún espacio opositor u obtener favores económicos.
“Los fines tienen más un tinte personal", señaló el acusado, quien tildó a la exvicepresidenta de "corrupta” y que “hace daño a la sociedad".
“Ponerme a la altura de personas que cometerían un delito de tal gravedad por intereses y no por valores me parece desestimarme. Es un acto de justicia y no fue un acto en el que traté de favorecerme económicamente... Tiene una connotación más profunda y más ética y más comprometida con el bien social que otra cosa”, sostuvo Sabag Montiel.
También afirmó que una semana previa al hecho decidió junto a Uliarte perpetrar el ataque.
“Yo la quería matar y ella quería que muera... Quería ser más una espectadora del momento que una partícipe”, sostuvo Sabag Montiel, quien puede llegar a recibir al menos 15 años de prisión.
El delito por el que son juzgados los tres detenidos es tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego.
Durante el juicio desfilarán más de 200 testigos, entre ellos la también exmandataria (2007-2015), quien es querellante. Fernández de Kirchner está disconforme con la investigación que llevó a cabo la justicia al considerar que no ahondó en la autoría ideológica del ataque y sospecha que sectores opositores podrían haberlo ideado y financiado.
La exvicepresidenta posteó poco después del inicio del juicio en su cuenta de X —antes Twitter— un mensaje del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el peronista Juan Martín Mena, diciendo que el intento de asesinato fue "uno de los hechos más graves desde la recuperación democrática” en 1983. El funcionario agregó que “salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta igualito al de jueces y fiscales que tienen la responsabilidad y obligación de investigarlo. Un liso y llano encubrimiento”.
Los tres detenidos también son conocidos como “La Banda de los Copitos”. Sabag Montiel, de nacionalidad brasileña y residente en Argentina desde hace décadas, trabajaba junto a Uliarte vendiendo algodón de azúcar, supuestamente a las órdenes de Carrizo.
Esos dos últimos imputados han sostenido su inocencia antes del juicio.
El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Rívolo, consideró a mediados de 2023 que no había pruebas sobre la financiación, la planeación política y el encubrimiento del intento de homicidio y pidió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que enviara a juicio oral la causa. La magistrada había delegado la investigación en el fiscal porque Fernández puso en duda su imparcialidad.
El intento de asesinato se produjo frente al domicilio en Buenos Aires de la entonces vicepresidenta, ahora de 71 años, adonde se habían concentrado cientos de sus seguidores para darle apoyo cuando se desarrollaba un juicio en su contra por supuesta corrupción. Tiempo después ese proceso derivó en una condena para Fernández de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado, que la dirigente política apeló.
En medio de ese grupo de simpatizantes estaban Sabag Montiel y su novia. Cuando la entonces vicepresidenta se acercó, el hombre apuntó con una pistola Bersa a unos 20 centímetros de su rostro y gatilló. Según expertos, la bala no salió porque no estaba en la recámara.
El intento de asesinato no fue advertido por Fernández ni por su custodia. La detención del agresor fue llevada a cabo por un grupo de militantes que presenciaron la maniobra y levantaron el arma del suelo. Horas después fueron arrestados los otros dos presuntos implicados en el hecho.
Si bien los tres detenidos carecían de filiación política, eran muy activos en las redes sociales contra el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández y en especial contra la vicepresidenta.
En el transcurso de la investigación Fernández de Kirchner pidió la profundización de otras líneas de investigación, como las relacionadas con un diputado opositor y la agrupación de extrema derecha Revolución Federal en algunas de cuyas protestas en contra del gobierno participó Uliarte, las cuales no forman parte del expediente elevado a juicio y son analizadas de forma separada.
Los abogados de la exmandataria han apuntado al respecto contra el entonces diputado opositor Gerardo Milman, luego de que el asesor de un legislador oficialista contó que lo había escuchado diciendo en un bar cercano al Congreso a sendas colaboradoras “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa” dos días antes del ataque. El legislador señalado ha negado cualquier implicación en el hecho.
También cuestionaron que el celular del atacante se dañara en horas posteriores al intento de atentado estando en poder de policías que participaron en los intentos de extracción de información del aparato.
Se espera que el proceso oral se prolongue durante un año.
FUENTE: Associated Press
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