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SUSCRIBITELas medidas se anunciaron en momentos en que centenares de conductores de camiones y pobladores interrumpían parcialmente con barricadas una ruta cercana a Arauco, en la región del Biobío, unos 600 kilómetros al sur de la capital chilena, en protesta por un atentado de encapuchados que la víspera quemaron 33 camiones, automóviles y maquinaria forestal de tres empresas.
Eduardo Salgado, conductor de un camión, dijo que protestaban para exigir “algún tipo de subsidio” para los dueños de las empresas que perdieron sus máquinas para evitar que quiebren y que aumente el desempleo.
Los atentados incendiarios y con balas se suceden casi a diario en el Biobío y en la aledaña La Araucanía, regiones en las que sus habitantes indígenas demandan restituciones de terrenos. La violencia en ambas regiones se arrastra desde hace décadas y ningún gobierno ha podido controlar la zona desde el regreso a la democracia en 1990.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que “van a haber medidas inmediatas, directas para mejorar las condiciones de seguridad en las rutas y van a ser visibles, inmediatas y eficaces para la seguridad de los ciudadanos”.
Agregó que el gobierno destinará 5.500 millones de pesos (6,4 millones de dólares) para comprar equipamiento de seguridad y que se incluirá a los conductores de medios de transporte en “las políticas de reparación”.
La protesta de la jornada se suma a un paro parcial de un grupo de choferes de camiones a comienzos de semana en demanda de mayor seguridad en las rutas, además de una rebaja en los precios de los peajes y en el impuesto a los combustibles.
El pasado viernes tras un atentado con fusiles contra algunos camiones un conductor quedó grave luego de recibir una bala en un hombro y otra en la parte posterior de la cabeza.
La ministra del Interior, Izkia Siches, reiteró la decisión del gobierno de no decretar un estado de emergencia en el sur, como solicitan conductores y habitantes de la zona, que permite que los militares acompañen a la policía en sus controles de seguridad. El estado de emergencia dictado por el anterior gobierno de Sebastián Piñera venció a fines de marzo.
El 12% de los 19 millones de chilenos son indígenas mapuches y cerca de la mitad de ellos vive en el sur, donde exigen pacíficamente la restitución de tierras ancestrales que perdieron la manos del Estado, pero también hay varios grupos pequeños que se suman a la demanda con atentados incendiarios o con armas.
FUENTE: Associated Press
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