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SUSCRIBITELa reforma se aprobó con los votos de 63 de los 84 diputados del Congreso Unicameral. Siete diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el diputado del partido conservador Nuestro Tiempo y la diputada el partido Vamos, votaron en contra. Dos de los cuatro diputados del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), votaron abstención.
De acuerdo con la reforma, se sancionará con pena de prisión de 10 a 15 años, a los que elaboren textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual, que transmitan mensajes, señales, o cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales de maras o pandillas.
En especial se castigará las que tengan que como finalidad aludir a control territorial de las pandillas o transmitir amenazas a la población en general.
Igual sanción de impondrán a quienes reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por las pandillas y que puedan causar pánico entre la población.
"He enviado una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para prohibir el grafiti alusivo a las pandillas. Veremos, de nuevo, quienes están a favor del pueblo y quienes están con las pandillas”, tuiteó el presidente Nayib Bukele.
“Con esas reformas se le está diciendo a los pandilleros que no pueden mandar audios o cadenas de textos para generar miedo en la población. No permitiremos que se infunda temor en la población”, dijo la diputada del partido Nuevas Ideas, Marcela Pineda.
Por su parte el diputado Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), afirmó que: “Esta reforma al Código Penal les cierra otro espacio a las pandillas para tratar de infundir miedo o terror y querer tomar, a través de símbolos, un control dentro de las comunidades”.
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga, declaró en Twitter: “El régimen, que ha pactado con criminales, que los ha protegido de extradiciones, que los ha liberado, intenta que dejemos de decirlo, que no pinchemos la burbuja. No nos callarán”.
El Congreso también aprobó una ley para que el Estado pueda utilizar los bienes, dinero, armas de fuego, valores y otros activos que hayan sido incautados a los grupos criminales y que se encuentren bajo custodia del Ministerio Público, la policía y los tribunales de justicia.
Estos bienes serán utilizados para el combate al crimen organizado.
A iniciativa de Bukele, el Congreso aprobó recientemente un estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de su arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Las autoridades mantienen en emergencia a las cárceles donde, por orden de Bukele, más de 20.000 pandilleros permanecen en sus celdas “sin poder ver ni un rayo del sol”. Les decomisaron las colchonetas para dormir y les racionaron la comida a solo dos al día luego de un alarmante aumento de homicidios.
FUENTE: Associated Press
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