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SUSCRIBITECon 11 votos a favor y seis en contra, la comisión de Constitución del Congreso, dominada por la oposición, envió al archivo el polémico proyecto gubernamental que era una de las promesas de campaña del mandatario y fue anunciado hace dos semanas en medio de las protestas en varias partes del país por el alza de los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes.
El plan proponía que en una cédula adicional, durante las elecciones regionales y municipales de octubre, se pregunte: “¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?” con las alternativas: sí o no.
La Constitución vigente empezó a regir desde 1993 y fue impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo actual grupo parlamentario votó por la anulación del proyecto de ley del gobierno de Castillo.
El ministro de Justicia, Félix Chero, escribió en sus redes sociales que “archivar un proyecto de reforma constitucional que responde a las legítimas demandas del pueblo demuestra que el Congreso legisla a espaldas de la ciudadanía”.
El proyecto del gobierno llegó sin apoyo al Parlamento. El día en que Castillo lo envió formalmente, la presidenta del Congreso María Alva dijo a periodistas que el plan del Ejecutivo era “inviable”, “inconstitucional” y usado por el gobierno como “distracción”.
La iniciativa presidencial indicaba que la eventual Asamblea Constituyente iba a estar conformada por 130 asambleístas —igual número que el actual Parlamento unicameral— donde 40% serían representantes de partidos políticos, 30% candidatos independientes, 26% representantes de pueblos indígenas y 4% representantes de pueblos afroperuanos.
El primer ministro Aníbal Torres ya había comentado hace dos semanas que si el Congreso rechazaba el proyecto del Ejecutivo “no va a haber nada frente a ese rechazo”.
Perú vive una inestabilidad política desde 2016, con cinco presidentes y tres Congresos unicamerales. El Parlamento y el presidente son muy impopulares, según todas las encuestas. En abril la firma Ipsos indicó que 79% desaprueba al Congreso y 76% al mandatario.
El gobierno de Castillo está programado para finalizar en 2026.
FUENTE: Associated Press
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