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Del lado colombiano del Tapón del Darién, una frontera natural de 106 kilómetros con Panamá, HRW encontró que el Clan del Golfo regula las rutas terrestres y marítimas que pueden utilizar los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos sin documentos legales.
Miembros de ese grupo delictivo convocaron a una reunión en marzo de 2022 para dar la instrucción de que algunos migrantes fueran llevados en lanchas que operan ilegalmente desde Totumo, zona rural del municipio costero de Necoclí, hasta la zona panameña de Carreto, en donde deben seguir la ruta caminando por la selva, según relataron a HRW personas que ayudan a migrantes en la zona y cuyo nombre la organización mantiene en el anonimato en su informe por razones de seguridad.
“Estas embarcaciones suelen viajar en paralelo a los barcos que transportan cocaína. Cuando la Armada interviene, los lancheros arrojan a los migrantes y solicitantes de asilo al mar y huyen con la cocaína”, indicó HRW en su informe “‘Este infierno era mi única opción’, abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién”, basado en más de 300 entrevistas, visitas a la zona y solicitudes de información a los gobiernos.
La Armada colombiana suele interceptar embarcaciones sospechosas que cruzan por aguas del Golfo de Urabá, en el mar Caribe. En mayo de 2023, incautaron en un operativo 347 kilogramos de cocaína en una lancha rápida que pretendía llegar a Centroamérica. En otros operativos, han encontrado embarcaciones únicamente con migrantes que luego son entregados a las autoridades migratorias.
El Clan del Golfo, también denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, era comandado por Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de “Otoniel”, quien fue el narco más buscado del país hasta su captura en 2022 y posterior extradición a Estados Unidos. El capo tenía la capacidad de enviar hasta 20 toneladas de cocaína al mes, según cálculos de las autoridades colombianas. Su extradición generó disputas internas, pero no significó la extinción del grupo armado.
El control del Clan del Golfo en la zona, según HRW, incluye el quién, cómo y por dónde pueden prestarle servicios a los migrantes, al “extorsionar” a las personas que alquilan sus casas en los pueblos colombianos, a los vendedores de tiquetes de las embarcaciones y a quienes sirven como “guías” dentro de la inhóspita selva que suelen cobrar a los migrantes por llevarlos hasta la “Loma de las banderas” o “Loma de la muerte”, donde termina el territorio colombiano.
En promedio, el Clan del Golfo obtendría 125 dólares por cada migrante que cruza el Darién, según cifras dadas por el Ministerio de Defensa colombiano a HRW. Según esos cálculos, en 2023 podría haber acumulado 57 millones de dólares, dado que más de 457.000 personas han cruzado la selva entre enero y septiembre, según cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá.
La migración por el Darién ha ido en aumento en los últimos años. Son familias con niños, mujeres embarazadas y también niños no acompañados o separados los que se exponen a abusos, amenazas, robos e incluso a la muerte en la selva pantanosa donde hay estructuras criminales.
Según dijo el Servicio Nacional de Fronteras a HRW, en 2022 fueron recuperados 51 cadáveres y entre enero y abril de 2023 ocho cuerpos más. Mientras que al menos 229 personas habían desaparecido en el Darién entre enero de 2021 y septiembre de 2023 según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones.
Para HRW, el número creciente de restricciones de movimiento que han impuesto países latinoamericanos “a menudo promovidas por Estados Unidos” para quienes buscan ingresar a sus países, ha contribuido a que más personas crucen por rutas irregulares y peligrosas como el Darién, exponiéndolos a abusos.
“Los datos estadísticos sugieren que los requisitos de visado impuestos por los gobiernos de México y Centroamérica son uno de los factores que contribuyen al aumento de migrantes que cruzan el Darién”, indica el informe.
Las estructuras criminales operan en el Darién sin mayor control estatal, mientras los gobiernos de Colombia, Panamá, Estados Unidos y Costa Rica intentan idear planes para abordarlo como un problema regional.
En octubre, 12 representantes de países latinoamericanos se dieron cita en México en una cumbre sobre migración —que incluyó a Colombia, Panamá, Costa Rica y Venezuela— y pidieron a los países receptores acabar con políticas “selectivas” que privilegian la entrada a determinadas nacionalidades y más desarrollo para los países de origen como vías para reducir los flujos migratorios hacia el norte del continente.
FUENTE: Associated Press
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