La acción legislativa se produce luego de que el 28 de abril de este año, la Corte Constitucional determinó que una mujer, adolescente o niña cuyo embarazo haya sido producto de violación no podrá ser encarcelada si decide abortar y que los médicos que la asistan en su aborto tampoco podrán ser procesados. Entre los temas críticos que deberán resolver los asambleístas están: el plazo para realizar un aborto, la objeción de consciencia de los médicos y los requisitos que debe cumplir la peticionaria.
Separadas por vallas y agentes policiales, los grupos a favor y contra del aborto gritaban consignas como “son niñas no madres”, “aborto seguro salva vidas”, mientras que del otro lado se escuchaba “la vida no se interrumpe” y “la vida se respeta desde el principio”, al tiempo de entonar cánticos y exhibir pancartas.
Dentro del órgano legislativo, la asambleísta Geraldine Webber sostuvo que “se está volteando algo que no es un derecho y se quiere convertir en un derecho a matar, asesinar a una criatura en el vientre”.
Su colega Verónica Carrillo opinó que “tenemos el propósito de hacer una ley justa y reparadora para las niñas, las adolescentes, las mujeres ... víctimas de violación, queremos una ley, una oportunidad histórica para estar del lado correcto de estas mujeres y niñas revictimizadas por la justicia”.
El aborto consentido —es decir, que cualquier mujer pueda interrumpir el embarazo por decisión propia, sin causa alguna— continúa penado en Ecuador.
