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SUSCRIBITECIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Fiscalía General de México solicitó el miércoles al Departamento de Justicia estadounidense información sobre la posible participación del FBI en la planeación y traslado a Texas en 2024 del histórico capo detenido Ismael “El Mayo” Zambada que ha desatado una nueva controversia ante las recientes informaciones que apuntan a que la agencia intervino en la operación que llevó a la captura del narcotraficante en el territorio mexicano.
La petición se formalizó tras las duras críticas que realizó esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el manejo del caso que dio Estados Unidos y en particular su exembajador Ken Salazar, dejando entrever que el diplomático habría mentido a las autoridades mexicanas sobre cómo se realizó la operación.
La fiscal general Ernestina Godoy anunció en conferencia de prensa que la dependencia a su cargo realizó una solicitud de “asistencia jurídica internacional” a las autoridades estadounidenses para que se aclare si el FBI intervino en la captura de Zambada.
El cofundador del Cártel de Sinaloa fue arrestado el 25 de julio del 2024 en Texas junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzman, quien admitió en diciembre pasado ante una corte federal que organizó el secuestro de Zambada en México con la esperanza de obtener beneficios de las autoridades estadounidenses.
Zambada, de 76 años y con serios problemas de salud, se declaró culpable en una corte de Nueva York y está a la espera de sentencia. Esta semana, en una carta enviada al juez a la que tuvo acceso The Associated Press, su abogado Frank Pérez anunció que el capo detenido aceptará la cadena perpetua consecuente con sus delitos para no exponer a testigos en un juicio y pidió que su encarcelamiento sea en unas instalaciones con atención médica especializada.
La polémica por la detención de Zambada se reavivó la semana pasada luego de que conoció que el FBI llevó a un museo en Nuevo México la aeronave que se empleó para el traslado del capo y Guzmán López desde el estado mexicano de Sinaloa a Texas.
El caso ha generado nuevas fricciones entre Washington y México ante una posible violación de la soberanía por acciones de funcionarios estadounidenses en el territorio mexicano. En abril pasado las relaciones se tensaron luego de que se conoció de la participación de dos agentes de la CIA en el desmantelamiento de un laboratorio de droga en el estado fronterizo de Chihuahua. Los funcionarios estadounidenses murieron en un accidente de tránsito junto con dos agentes de la Fiscalía de Chihuahua.
Al sumarse a los cuestionamientos sobre el manejo que dio Washington al caso, Godoy indicó las autoridades estadounidenses han dado “datos falsos o imprecisos”, y añadió que incluso a los funcionarios mexicanos que viajaron a Estados Unidos para inspeccionar la aeronave se les limitó el acceso a las evidencias y se les impidió tomar fotografías.
Al respecto, el fiscal de Control Competencial de la Fiscalía General, Raúl Jiménez Vázquez, detalló que de las 11 solicitudes de datos que hizo México, sólo recibió seis respuestas y aún están pendientes cinco.
En medio de la controversia que ha rodeado el caso, David Boone De la Garza, quien dirige la fiscalía especializada de Control Regional del Ministerio Público, admitió que el piloto que tripuló la aeronave en la que fue trasladado Zambada y Guzmán López fue deportado a México y posteriormente fue entregado a las autoridades estadounidenses tras ser detenido por portación de armas.
Sobre la actuación de Salazar en el caso, Jiménez Vázquez afirmó que hizo una declaración “falsa de toda falsedad” al negar la participación de las autoridades estadounidenses en la captura de Zambada y sostuvo que el exembajador vulneró el principio de la “buena fe” e incurrió en “un incumplimiento grave, delicado, del marco regulatorio al cual debió ceñirse en el desempeño de su papel como diplomático”.
Pese a los señalamientos, Godoy descartó que el Ministerio Público vaya a investigar a Salazar, aunque reconoció su posible responsabilidad, pero no abundó sobre el tema.
Por la operación que llevó a la detención de Zambada la Fiscalía General de la República abrió siete carpetas de investigación y ha realizado 153 entrevistas, detalló Godoy al asegurar que las averiguaciones continuarán y que el Ministerio Público insistirá para que el capo detenido en Estados Unidos sea procesado por las 32 investigaciones que tiene pendiente en México.
FUENTE: AP
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