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SUSCRIBITEBANGKOK (AP) — Vietnam recurre cada vez más a leyes redactadas de forma amplia para detener a activistas, disidentes y otras personas que las autoridades consideran una amenaza para el control del Partido Comunista, según un nuevo análisis publicado el lunes por un grupo en defensa de los derechos humanos.
El Proyecto 88, que se centra en cuestiones de derechos en Vietnam, documentó 56 detenciones de ese tipo en 2025, el tercer año consecutivo de aumentos y el doble que en 2022. El informe incluye únicamente arrestos en los que se pudo identificar al acusado por su nombre y hacer seguimiento del caso, si bien se cree que las cifras reales son mucho más altas, señaló Ben Swanton, codirector del grupo.
El informe indica que el país, bajo el presidente To Lam, “convierte de manera rutinaria el derecho penal en un arma” para sofocar la disidencia. To Lam, el antiguo máximo responsable de seguridad del país, que se desempeña como secretario general del Partido Comunista desde 2024, también fue elegido presidente a principios de este año.
Según el informe, las detenciones están impulsadas en gran medida por el temor a un levantamiento contra el liderazgo en una llamada “revolución de color”, como la Revolución Naranja de 2004 en Ucrania o la Revolución Amarilla de 1986 en Filipinas.
Es un temor que comparte el Partido Comunista en la vecina China, que ha sido acusada de emplear tácticas similares para acallar a los críticos. Aunque las reclamaciones marítimas en competencia han provocado enfrentamientos entre ambos países y, en ocasiones, una relación diplomática tensa, China y Vietnam pudieron acordar a principios de este año “priorizar conjuntamente la seguridad política y reforzar los esfuerzos para prevenir y resistir las revoluciones de color”, publicó la agencia estatal china de noticias Xinhua.
“Con el ascenso de To Lam, el país se ha convertido en un auténtico Estado policial que no tolera ninguna disidencia”, sostuvo Swanton.
“Esto representa un serio retroceso respecto del periodo de relativa apertura de la década de 2010, cuando se toleraba cierta disidencia y los grupos de la sociedad civil podían participar en el activismo de políticas públicas”, añadió.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las revelaciones del informe.
El informe concluyó que las autoridades dependen cada vez más del Artículo 331 del código penal de Vietnam, que tipifica como delito, castigado con hasta siete años de prisión, “abusar de las libertades democráticas para vulnerar los intereses del Estado”.
Antes poco utilizado, “las autoridades han ampliado el alcance y la aplicación del Artículo 331 de modo que se adentra más en la sociedad, más allá de los disidentes de derechos humanos y democracia... hasta alcanzar a todos aquellos que expresen cualquier queja contra funcionarios estatales o locales del Partido Comunista y del gobierno”, escribió Human Rights Watch, con sede en Nueva York, en un informe el año pasado.
“El mayor uso del Artículo 331 por parte de las autoridades vietnamitas es una faceta poco conocida de la creciente represión del gobierno contra personas comunes que buscan utilizar las redes sociales y otros medios pacíficos para plantear públicamente importantes asuntos sociales, incluida la libertad religiosa, los derechos sobre la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y la corrupción del gobierno y del Partido Comunista”, afirmó Human Rights Watch.
Entre los detenidos el año pasado en virtud del Artículo 331 figuraban tres hombres detrás del canal de YouTube “Nguoi Da Tin' —The Messenger—”, acusados de que los videos que subieron contenían “contenido distorsionado” que violaba el estatuto, informó el Proyecto 88.
El informe ofrece detalles de cada arresto identificado como relacionado con la política en 2025.
Entre ellos también se incluyeron un activista del grupo minoritario montañés Montagnard, que fue detenido en Tailandia y extraditado a Vietnam; un escritor disidente acusado de difundir “propaganda contra el Estado”; y un hombre que ayudó a residentes de la provincia de Ha Tinh a presentar quejas para exigir una compensación justa por tierras expropiadas para una nueva autopista.
“El gobierno vietnamita ha impuesto castigos alarmantemente severos a objetivos de larga data como periodistas y activistas de derechos humanos, al tiempo que muestra una creciente disposición a atacar a grupos que antes se consideraban a salvo, como los exiliados políticos y quienes presentan peticiones legales”, indicó el informe.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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