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SUSCRIBITESALISBURY, Maryland, EE.UU. (AP) — Son días desgarradores para el Word of Life Center, una iglesia que desde hace mucho tiempo ha sido un vibrante punto de encuentro de la comunidad haitiana en la costa oriental de Maryland.
Se cancelaron una despedida de soltera y una barbacoa de venta de garaje. También se suspendieron las clases de inglés. Roosevelt Toussaint, pastor principal de la congregación no denominacional de Salisbury, señaló que la asistencia al servicio religioso del domingo cayó a menos de la mitad. Normalmente, más de 500 personas habrían escuchado su sermón, titulado “Qué hacer en un tiempo de crisis”.
La razón de los asientos vacíos, explicó, es que muchos miembros de la comunidad no están dispuestos a salir de sus casas por temor a ser arrestados y deportados desde que el gobierno de Trump tomó medidas para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 1 millón de personas de numerosos países. Entre los afectados: cerca de 350.000 haitianos que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante años.
En Salisbury, la ciudad más grande de la costa oriental, cerca del 10% de los 33.000 residentes son haitianos, muchos de ellos empleados bajo el TPS como trabajadores agrícolas, cuidadores y en las plantas avícolas que son la columna vertebral económica de la región.
Al igual que otros haitianos que pierden el TPS, enfrentan una elección angustiosa: intentar quedarse en Estados Unidos y encontrar trabajo clandestino, con el temor constante de ser atrapados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). O regresar a una nación tan desbordada por la violencia de las pandillas y la pobreza que algunos sienten que la deportación equivale a una sentencia de muerte.
Toussaint, pastor del Word of Life Center desde 1995, indicó que tenía un mensaje para el presidente Donald Trump.
“Esperamos que tenga compasión por nuestra gente. No han hecho nada malo”, afirmó. “Todo lo que vinieron a hacer a este país es trabajar, marcar una diferencia en nuestra economía… En casa no hay seguridad. Si de verdad nos envía allá, nos envía a morir”.
En el servicio del domingo, el primero desde que expiraron las protecciones del TPS, Toussaint exhortó a sus feligreses a perseverar.
“Estoy orando esta tarde para que Dios pueda hacerlos invisibles ante el enemigo”, les dijo en criollo haitiano. “Han puesto mucho terror en su corazón. Pero Dios ha venido a decirles: ¡No tengan miedo!”.
Algunos de los feligreses que son ciudadanos estadounidenses dijeron que asistieron al servicio en solidaridad con quienes pierden el TPS. Entre ellos estaba Marjorie Estimé, quien llevaba una bandera haitiana colgada alrededor del cuello.
“Quiero decirle al presidente de Estados Unidos que detenga el programa del ICE para que la gente pueda trabajar, para que el ICE deje de dispararles, de perseguirlos, y podamos volver a la normalidad”, señaló Estimé, refiriéndose a la ofensiva del gobierno contra la inmigración.
Según defensores y abogados, el ICE no se ha detenido y está citando a haitianos para colocarles tobilleras electrónicas y decirles que no viajen a más de 121 kilómetros (75 millas) de su domicilio.
“En lugar de incursionar con fuerza en las comunidades, usan tácticas para llevar a esas personas a sus oficinas, ya sea para detenerlas o para ponerles un monitor en el tobillo, y les dicen que si no se autodeportan, las volverán a llamar para presentarse en el plazo de un mes”, explicó Guerline Jozef, presidenta de la Haitian Bridge Alliance.
La terminación del TPS que afecta a los haitianos fue impugnada en tribunales de distrito. El 25 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos se puso del lado del gobierno, lo que permitió que el TPS terminara, desencadenando semanas de confusión sobre los plazos de aplicación.
Los permisos de trabajo no se extendieron el 27 de julio y el miedo aumentó en las comunidades, no solo por la pérdida de empleos, sino también porque expuso a sus miembros a la deportación.
“Es como un huracán de categoría 5; así de malo es”, afirmó Samson Orneus, feligrés de la iglesia de Toussaint que ayuda al pastor a dirigir el Haitian Development Center of Delmarva y dirige WOLC Immigration Services, un negocio de asistencia a inmigrantes en Salisbury.
Durante la semana pasada, se difundieron en redes sociales noticias sobre arrestos por parte de las autoridades migratorias en gasolineras y afuera de supermercados.
“Teníamos una población viviendo legalmente, criando a sus hijos, pagando sus cuentas, y con la decisión (de terminar el TPS) quedaron en el limbo”, señaló Marie D. Fouché, fundadora y directora ejecutiva de Safe Harbor Circles. La organización brinda apoyo a comunidades inmigrantes en toda la costa oriental y registró recientemente más de una docena de arrestos de inmigrantes, incluidos algunos con TPS.
“Han dejado a sus hijos en casa”, añadió. “Fueron al supermercado, a comprar a Walmart para cocinarles y alimentar a su familia. Pero los arrestaron en el estacionamiento, y nunca volverán”.
Al consultársele sobre las actividades de aplicación del ICE en Salisbury, el Departamento de Seguridad Nacional dijo por correo electrónico que “no comenta operaciones en curso o futuras”.
“El Estatus de Protección Temporal es exactamente eso: temporal”, se indica en el correo. “Durante demasiado tiempo, se ha permitido que el TPS funcione como un programa de amnistía de facto, pese a que el Congreso nunca pretendió que fuera permanente”.
En una barbería casi vacía en Salisbury, un haitiano con TPS se animó a entrar para cortarse el cabello. Como otros, pidió permanecer en el anonimato por temor a la deportación.
“No van tras la gente que comete delitos”, sostuvo el hombre de 39 años, que ha sido cuidador en un asilo de ancianos desde que se mudó a Salisbury en 2020. “Cuando salgo a la calle, tengo miedo”.
Estados Unidos otorgó inicialmente el TPS a los haitianos tras el devastador terremoto de 2010 y lo extendió varias veces desde entonces.
El gobierno de Trump impulsó el fin de ese estatus, al afirmar que las condiciones en Haití mejoraron. Sin embargo, casi 1,5 millones de personas han sido desplazadas por la violencia de las pandillas, y la mayoría de los haitianos necesita ayuda humanitaria.
“Lo que hace este gobierno me duele muchísimo porque es inhumano”, afirmó Leila Borrero Krouse, especialista en inmigración de CATA, una organización sin fines de lucro que apoya a trabajadores agrícolas de la costa oriental.
“En todos estos años que he trabajado con inmigrantes, nunca he conocido a un criminal, un violador, un abusador”, agregó. “La mayoría viene a tomar trabajos que otros no quieren. Y es desgarrador ver cómo están sufriendo”.
La ofensiva migratoria ha trastocado la vida de Patricia Grace Louis-Jacques, estudiante de enfermería de la Universidad de Salisbury, ya que familiares y amigos han sido afectados por el fin del TPS. La semana pasada, su mejor amiga le pidió que cuidara de su bebé si la detenían.
“Desde ese momento, supe que las cosas se pusieron mal”, relató Louis-Jacques, en un Caribbean Creole Cafe casi vacío bajo una pintura de Toussaint L’Ouverture, líder de la Revolución Haitiana. “Sus vidas han cambiado enormemente”.
No muy lejos de la iglesia, cerca de una planta avícola de Perdue Farms, una mujer hondureña habló desde la casa que rara vez ha dejado desde que el gobierno de Trump terminó el TPS para casi 80.000 hondureños y nicaragüenses.
Contó que trabajó en Perdue durante más de dos décadas, cortando pollos repetidamente con tijeras en una línea de ritmo acelerado, antes de perder su empleo el año pasado tras la expiración de su TPS.
Su hijo de 25 años, nacido en Estados Unidos, teme que la detengan. A menudo la llama para recordarle que mantenga cerradas las cortinas de la sala y evite abrir la puerta. A veces, dijo, se esconde encerrándose en un baño, donde guarda una Biblia.
Antes asistía a la iglesia y hacía voluntariado en eventos que defendían los derechos de los inmigrantes. En estos días, solo saca a sus dos perros al patio y luego vuelve a entrar.
“Es terrible vivir con esta ansiedad”, dijo. “No es justo para quienes vinimos a este país no a causar daño, sino a tratar de tener una vida mejor”.
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La periodista de The Associated Press Gisela Salomon contribuyó a este reportaje desde Miami.
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La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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