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SUSCRIBITEBOGOTÁ (AP) — El influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe rendía indagatoria el viernes en el marco de las investigaciones de la fiscalía sobre la conformación de un grupo paramilitar y dos masacres perpetradas hace casi 30 años por paramilitares.
“Acudo a esta indagatoria con tristeza. Lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia”, dijo Uribe a la prensa antes de entrar al juzgado en Bogotá para la diligencia reservada. “Creí que le había servido a la nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”, agregó.
La fiscalía abrió en junio una investigación contra Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque, en el departamento de su natal Antioquia, y las masacres perpetradas en La Granja y El Aro en 1996 y 1997, respectivamente.
Uribe estaría involucrado, según la fiscalía, en los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio de persona protegida y presuntamente "facilitar y promover el accionar” del grupo paramilitar que habría utilizado como base para operar una hacienda ubicada en el noroeste del país que fue propiedad de la familia de Uribe.
También investigan la posible participación de Uribe, cuando era gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, en las “incursiones paramilitares” en los poblados de La Granja y El Aro, donde los ilegales mataron a más de una docena de personas en estado de indefensión tras acusarlas de ser guerrilleros.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado colombiano en 2006 por las masacres de La Granja y El Aro.
El expresidente ha negado en el pasado cualquier vinculación con las masacres y nexos con los paramilitares. El viernes indicó a la prensa que la actual investigación se “suma a las muchas que he llevado, creadas por el comité de mis adversarios”.
A fines del año pasado Uribe fue absuelto en segunda instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal por los que había sido condenado en primera instancia a 12 años bajo arresto domiciliario, un caso que también consideró tener raíces políticas.
FUENTE: AP
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