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SUSCRIBITEEl secretario de Estado afirmó que la ley estadounidense impide una normalización plena con Cuba mientras no exista una democracia funcional o avances hacia ella
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que una normalización plena de las relaciones entre Washington y La Habana no puede producirse bajo la legislación estadounidense mientras Cuba no avance hacia una democracia funcional.
Durante una entrevista con Brian Kilmeade en Fox Radio, Rubio sostuvo que esa condición no responde únicamente a la política adoptada por la administración de Donald Trump, sino a restricciones establecidas por el Congreso hace décadas.
El jefe de la diplomacia estadounidense citó específicamente la Ley Helms-Burton de 1996, una pieza central del marco legal que regula la política de Washington hacia Cuba.
“La normalización entre nuestros países no puede ocurrir plenamente bajo esa ley (...) a menos que haya una democracia funcional o al menos pasos hacia una democracia funcional”, afirmó Rubio.
El secretario de Estado hizo una distinción entre la situación cubana y la relación que Washington puede mantener con otros gobiernos.
Según explicó, el margen de acción presidencial respecto a Cuba está condicionado por leyes aprobadas por el Congreso.
“La política de EEUU hacia Cuba, a diferencia de la política hacia Venezuela u otros países, está codificada; está en un estatuto”, señaló.
Rubio agregó que existe una legislación que establece expresamente “lo que podemos y no podemos hacer con Cuba”.
Su argumento apunta a uno de los elementos fundamentales de la Ley Helms-Burton: determinadas sanciones y condiciones relacionadas con el embargo no pueden ser eliminadas únicamente mediante una decisión presidencial.
La Helms-Burton, aprobada en 1996, codificó importantes componentes de las sanciones estadounidenses contra Cuba y estableció condiciones para avanzar hacia una normalización completa.
La legislación contempla requisitos vinculados con un gobierno de transición y posteriormente uno elegido democráticamente.
Por ello, aunque una administración estadounidense dispone de cierto margen para modificar regulaciones, licencias y determinadas políticas diplomáticas, levantar completamente el entramado legal del embargo requiere condiciones adicionales y participación del Congreso.
Rubio utilizó precisamente ese marco para argumentar que un acercamiento completo con el actual sistema político cubano tiene límites legales.
El secretario de Estado también realizó una evaluación particularmente dura de la situación interna de la isla.
“Cuba es un Estado fallido ahora mismo. Y no es por culpa nuestra”, afirmó.
Rubio rechazó el argumento del Gobierno cubano de que las sanciones estadounidenses constituyen la causa fundamental de la actual crisis económica.
La Habana mantiene la posición contraria y responsabiliza al embargo de buena parte de sus dificultades para conseguir financiamiento, combustible, inversiones y determinados productos.
Rubio vinculó la gravedad de la crisis energética cubana con la pérdida de los suministros preferenciales procedentes de Venezuela.
Según el secretario, Cuba llegó a recibir hasta 100.000 barriles diarios de petróleo venezolano.
Rubio acusó al anterior gobierno venezolano de entregar gratuitamente ese crudo a La Habana y aseguró que una parte era posteriormente comercializada para obtener divisas.
“Cuba estaba recibiendo petróleo gratis de Maduro”, declaró.
Y añadió que Nicolás Maduro estaba “robando el petróleo del pueblo venezolano y dándoselo gratis a Cuba”.
El secretario sostuvo además que el combustible venezolano no se utilizaba exclusivamente para cubrir las necesidades energéticas de la población cubana.
Según su versión, una parte importante era revendida.
Rubio afirmó que el dinero obtenido terminaba beneficiando a las estructuras del poder cubano.
El Gobierno de La Habana ha rechazado históricamente acusaciones similares y ha presentado los acuerdos energéticos con Venezuela como parte de mecanismos bilaterales de cooperación.
Rubio dedicó también parte de la entrevista a los prolongados apagones que afectan a Cuba.
El secretario rechazó la idea de que la crisis eléctrica sea un fenómeno reciente.
“Estos apagones no son nuevos. Llevan cinco o siete años con apagones”, afirmó.
A continuación responsabilizó directamente al modelo económico cubano y al deterioro de la infraestructura.
“¿Sabes por qué? Porque su sistema no funciona. No funciona”.
El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que buena parte de la infraestructura energética cubana es extremadamente antigua.
Rubio habló de equipos procedentes incluso de las décadas de 1940 y 1950 y acusó al Gobierno de no haber realizado las inversiones necesarias para modernizar el sistema.
La crisis eléctrica cubana tiene múltiples componentes.
A las antiguas termoeléctricas se suman averías frecuentes, escasez de combustible, dificultades para conseguir piezas y una generación insuficiente frente a la demanda nacional.
Durante 2026, el país ha registrado déficits superiores a los 2.400 MW y varios colapsos del Sistema Eléctrico Nacional.
Rubio afirmó que Estados Unidos estaría dispuesto a desempeñar lo que calificó como un “papel productivo” si Cuba inicia una transformación profunda.
“La única solución y respuesta para Cuba (...) es colocarse en un camino irreversible hacia convertirse en un Estado normal y funcional que eventualmente también sea democrático”, declaró.
La utilización de la palabra “irreversible” no es nueva.
El secretario ha repetido ese concepto durante las últimas semanas al describir el objetivo de la administración Trump hacia la isla.
En agosto, Rubio aseguró que Washington aspira a que Cuba se encuentre en una “trayectoria irreversible hacia un futuro diferente” antes de que termine el actual mandato presidencial.
El funcionario evitó garantizar que durante ese período se produzca una transición política completa.
Su planteamiento consiste en conseguir que cualquier transformación iniciada sea suficientemente profunda como para dificultar un regreso al modelo anterior.
Rubio ha utilizado como referencia las transiciones de Europa del Este, que necesitaron varios años para consolidarse después de la caída de los regímenes comunistas.
La estrategia estadounidense combina esa exigencia política con una creciente presión económica.
Rubio explicó anteriormente que la administración pretende “cerrar cada mecanismo de escape” que permita al Gobierno cubano sortear las sanciones.
Desde enero de 2026, Washington ha ejecutado más de dos docenas de acciones relacionadas con Cuba.
Las medidas han alcanzado a decenas de empresas, organismos estatales y funcionarios.
Entre los sectores afectados aparecen energía, estructuras empresariales militares, comercio exterior y cooperación internacional.
Una de las rondas recientes apuntó a entidades y funcionarios relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Washington ha acusado al Gobierno cubano de buscar armamento y cooperación militar con países como Rusia y China.
Entre los funcionarios señalados por Estados Unidos figura el ministro de las FAR, Álvaro López Miera.
La Habana rechaza estas medidas y acusa a Washington de intentar provocar el colapso económico del país.
Las declaraciones de Rubio se producen además cuando el diálogo político entre ambos gobiernos se encuentra estancado.
El viceministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, confirmó recientemente que las conversaciones fueron suspendidas hasta que puedan encontrarse puntos en común.
La Habana asegura que continúa dispuesta a dialogar.
Pero las palabras de Rubio dejan claro que Washington establece una diferencia entre mantener conversaciones puntuales y avanzar hacia una normalización integral.
Para esta última, insiste, deberá existir un cambio político.
Durante la entrevista, el secretario abordó además el proceso político venezolano.
Lo describió mediante tres etapas:
estabilización, recuperación económica y transición democrática.
Rubio aseguró que Washington continuará facilitando conversaciones entre actores políticos venezolanos.
El funcionario ha presentado la evolución de Venezuela como una referencia regional, aunque las circunstancias jurídicas y políticas de Cuba son diferentes.
Kilmeade preguntó directamente a Rubio sobre el futuro del Gobierno de La Habana.
El secretario evitó ofrecer una fecha para una eventual transformación.
No prometió una caída inmediata ni estableció un calendario concreto.
Pero dejó una advertencia sobre la continuidad de la estrategia estadounidense:
“Esto no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”.
El mensaje apunta a que la presión sobre La Habana se mantendrá durante el resto del mandato de Trump.
Las declaraciones permiten diferenciar dos conceptos que suelen mezclarse en el debate sobre las relaciones bilaterales.
Washington puede mantener contactos, negociaciones o acuerdos específicos con el Gobierno cubano.
La normalización completa es otra cuestión.
Rubio sostiene que la legislación vigente impide llegar plenamente a ese punto mientras Cuba no cumpla las condiciones democráticas establecidas por la ley estadounidense.
En otras palabras, el secretario de Estado dejó abierta la puerta al diálogo, pero estableció un límite político y jurídico:
mientras Cuba no avance hacia una democracia funcional, la normalización plena con Estados Unidos no estará sobre la mesa.
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